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  • Absolvieron en una causal penal a dos ex funcionarios municipales

    1/8/2014
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    La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Zárate-Campana dictó el pasado 18 de julio la sentencia absolutoria en los incidentes de apelación en la causa que tuvo condena de primera instancia en el Juzgado Correccional Nro. 1. La sentencia de dicho Juzgado, a cargo del Juez Dr. Javier Romañuk del 27 de marzo de 2012, había condenado al ex Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Zárate arquitecto Gustavo Gemini y al ex subsecretario de la misma, arquitecto Oscar Bigarella (funcionarios durante la gestión del intendente Omar Bernués) como coautores penalmente responsables del delito de homicidio culposo por omisión de deberes. En la misma se los condenaba a 6 meses de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
    Dicha sentencia fue apelada ante la Cámara con sendos recursos elevados por los abogados de las partes, Dr.Gustavo Giorgetti (defensor de Gemini) y Dr. Néstor Bigarella (defensor de Oscar Bigarella).
    La Cámara integrada por los magistrados Humberto Bottini, Karen Bentacur y Miguel Angel Balmaceda (los dos últimos en reemplazo de los jueces María Pía Leiro y Patricio Ortenzi quienes se excusaron), dictó sentencia absolutoria a los arquitectos Gemini y Bigarella por los hechos imputados, revocando así el veredicto y sentencia dictados en primer instancia.
    En los fundamentos de la sentencia, los jueces camaristas concluyen que cuando se produce el colapso del refugio y con ello la muerte de la víctima, es decir cuando el peligro se materializa en el resultado, los arquitectos Gemini y Bigarella ya no se encontraban en funciones en la Secretaria y Subsecretaría de Obras y Servicio Públicos en la municipalidad de Zárate, respectivamente, desde hacía 4 días ya que cesaron en sus funciones el 10 de diciembre de 2007 cuando asumió el gobierno municipal Osvaldo Cáffaro. Por lo tanto no tenía posibilidad material de realizar las conductas necesarias para evitar que el resultado se concretara. Señala además el fallo que de acuerdo a las pericias técnicas, los refugios como el que se derrumbó tienen una vida útil de 50 años, y éste había sido construido en 1982 y que los imputados no tenían conocimientos ni existía constancia de alguna actuación, sumario o expediente municipal que tratara sobre el mal estado de los refugios de colectivos de la ciudad, por lo cual no es una conducta exigible a estos funcionarios la verificación del estado de los mismos.