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  • Damnificados de Covepam VIII reclaman un plan de viviendas federal

    11/7/2015
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    En la tarde de ayer, vecinos damnificados del plan de viviendas de Covepam VIII, mantuvieron una reunión informativa junto a la diputada provincial, Sandra Paris, en el marco del conflicto que mantienen con la cooperativa ante la falta de respuestas.
    Según informó la diputada, junto a su equipo de trabajo tuvieron acceso al expediente de Covepam VIII, a través de averiguaciones realizadas en el Instituto de la Vivienda, en el cual se refleja la propuesta de creación de 82 viviendas.
    “Cuando tomamos contacto con la documentación, vimos que el expediente iniciado en el año 2010 solo está en la primera etapa, y que todavía está recibiendo dinero para la construcción de las primeras 16 viviendas”, detalló la legisladora y agregó: “El ultimo dinero que giró la Provincia para Covepam y que recibió la Sra. María Caprile, como consta en la documentación que hemos fotocopiado del expediente que tiene más de 500 fojas, es una suma de 50 mil pesos”.
    En este sentido, detallaron que el dinero total a girar era de 200 mil pesos, pero que los 150 mil restantes, fueron embargados por tres embargos que pesan sobre el expediente y que están tramitados en los Juzgados Civiles y Comerciales 1, 2,3 y 4. En este proceso judicial, una compañía financiera le efectúa una serie de reclamos a Covepam –los cuales aún no salieron a la luz- y de ahí surgen los embargos.
    La indignación surge entre los vecinos debido a la cantidad de reclamos efectuados –ante el Municipio, ante el INAES, ante el Concejo Deliberante, ante Covepam, ante la Justicia- y la falta de respuesta al respecto. Es que desde hace mucho tiempo, vienen reclamando por algo que se les prometió y por lo que pagaron.
    Semanas atrás, el Concejo Deliberante aprobó una iniciativa que impulsaba la creación de un registro de socios de la cooperativa de vivienda, a fin de establecer una base de datos fidedigna con el objetivo de utilizar dicha información como herramienta al momento de brindarles una respuesta a los vecinos.
    Al respecto, la concejal por la UCR, Irene Guehenneuf explicó que las inscripciones presentan muchas irregularidades, ya que no todos los vecinos presentaron la misma documentación: “Hay recibos que no tienen la razón social, ni identificación de las firmas. Es preocupante la situación. Estamos esperando un informe de la asesora legal del Concejo.”
    Por su parte, Selva Suluaga, una de las damnificadas de Covepam VIII manifestó su preocupación y declaró: “No logramos que nadie nos escuche, todos nos dicen que no pueden hacer nada. Nos hemos juntado para hacer gestiones por iniciativa propia. Tenemos denuncias penales hechas en los Tribunales de Comodoro Py y otra en la Fiscalía de Campana, presentamos notas en el INAES, solicitamos a la cooperativa una asamblea ya que queríamos formar parte de la comisión para conocer la situación del plan de viviendas, y nunca conseguimos una respuesta de nadie. Acá hay algo de trasfondo que no podemos saber qué es”.
    Según detalló, el INAES –la entidad que funciona como contralor de la cooperativa- hace más de diez años que no hace una inspección en Covepam. “Las empleadas de las oficinas de Covepam nos están dando un recibo provisorio que no dice nada sobre quien lo firma, ni qué estamos pagando. Caprile es actualmente la presidente de la cooperativa pero a nosotros, como socios, nunca nos llamaron para una asamblea y no sabemos cómo llegó ahí”, sostuvo.
    En el mes de abril, desde el Municipio le solicitaron a los vecinos que se organizaran en una asociación civil y les ofrecieron que realizaran las labores necesarias de búsqueda de terrenos, a fin de llevar a cabo una compra conjunta y así resolver parcialmente la problemática. Ante esta propuesta, el Municipio se haría cargo de un porcentaje del valor del predio con una suma monetaria que sería otorgada en concepto de financiación, que los vecinos luego deberán devolver, a la vez que realizaban la construcción de la vivienda. Esto fue rechazado por los vecinos, debido a que la mayoría de los damnificados se encuentran alquilando una propiedad, por lo cual les resulta imposible afrontar tales gastos.

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