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    1/3/2018
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    El bloque del PJ-Frente para la Victoria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, elaboró un Proyecto de Resolución destinado a clarificar lo ocurrido y dilucidar las responsabilidades por la filtración a los medios de comunicación de conversaciones privadas de políticos, legisladores, sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales, las cuales, no solo deben ser concretadas legalmente, sino que deberían ser resguardados sus secretos, por la Justicia.
    En el proyecto los diputados del mencionado bloque solicitan a la Comisión de Asuntos Constitucionales que cite a Ricardo Lorenzetti en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a Martín Irurzun, Director General de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, a Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a Guillermo Marijuan, titular de la Fiscalía Federal N° 9 y a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a los efectos de que informen sobre las filtraciones de conversaciones recientemente difundidas en los medios de comunicación, entre la Senadora, Cristina Fernández de Kirchner y el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, las cuales constituyen, no sólo un quebrantamiento de las garantías constitucionales sino también una clara manifestación de un vasto operativo de espionaje político.
    El organismo de Interceptación y Captación de las comunicaciones (DICOM) se encuentra, por el Decreto 256/2015, en la órbita de la Corte Suprema de Justicia y es el único ente que puede realizarlas, una vez autorizadas u ordenadas por la justicia competente.
    Los autores del proyecto, que firmaron todos los los diputados del bloque, entre ellos el zarateño Abel Furlán, manifiestan que las citaciones que solicitan las hacen por las responsabilidades funcionales que tienen los nombrados en lo atinente al deber de custodia del material de escuchas telefónicas y, en un caso –Marijuan-, por tener a su cargo los aspectos operativos de las mismas.
    Los autores sostienen que además de un espionaje ilegal sobre la ex presidenta los hechos constituyen un mensaje mafioso al conjunto del sistema político, opositor o no, y que los responsables de esta actividad incurrieron en los delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
    Los legisladores afirman que tienen el deber, como custodios de los derechos constitucionales y legales del pueblo, de determinar quiénes participaron en la cadena de custodia del material, qué mecanismos de seguridad se aplicaron o no, bajo órdenes de quién, y si dichas interceptaciones fueron parte de una denominada “precausa” como se caratula a investigaciones que inicia la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) por su cuenta y con carácter de secretas, de ahí la citación de Arribas.
    Existe sospecha-según los fundamentos del proyecto de resolución- que el gobierno pretende ampliar las facultades del DICOM, para que este absorba la información de otros organismos -AFIP por ejemplo-, con el objeto de “constituir un ámbito de control amplio e irrestricto de los ciudadanos, burlando, grave y peligrosamente, las facultades que las normas constitucionales y legales le otorgan, en el marco de la división de poderes, a la Corte Suprema de Justicia”.