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  • Desde el Municipio aclararon que las fotomultas y los radares son responsabilidad provincial

    27/10/2018
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    En junio de este año, concejales del Frente Renovador reclamaron que la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, y por su intermedio a la Gobernación Provincial, cese con la colocación de radares y fotomultas mediante una resolución. “Pedimos que se tomen las medidas necesarias tendientes a cesar con éstas prácticas ilegales, y por consecuencia que se cumplan y se hagan cumplir las Leyes de Tránsito”, expresaban los ediles en el proyecto de resolución tomando la inquietud de muchos automovilistas; quienes desde hace cuatro años vienen quejándose sobre la instalación de radares de velocidad “truchos” y de cámaras de fiscalización de velocidad que no están homologadas, es decir equipos que no están aprobados y que son instalados con fines recaudatorios con el aval municipal, dado que se colocan en el territorio o en algunos casos en el casco urbano.
    Cabe recordar que en febrero del 2015 muchos zarateños reclamaron por la ilegalidad de estos aparatos, como por ejemplo las fotomultas instaladas en avenida Lavalle, en Antártida Argentina en el ingreso a Vipermun y en la Ruta Provincial Nº 6, frente a Monsanto. Las cámaras ubicadas en Lavalle y Arribeños, a simple vista, las retiraron; sin embargo las otras dos siguen estando instaladas.
    Ahora es el propio Ejecutivo municipal quien sale a aclarar que los radares de Ruta 6 y de Antártida Argentina, frente a Vipermun, no son potestad de la comuna dado que se encuentran instalados en arterias de jurisdicción provincial.
    Este sistema de radares y fotomultas es provincial, la secretaría de Gobierno confirmó que Antártida Argentina, Lavalle y Ruta 6 son jurisdicción del Estado bonaerense pese a que todos los vecinos la tengan internalizadas como parte del tejido urbano. Son arterias que tienen jurisdicción provincial y, por ende, también su mantenimiento debería ser provincial. No obstante, es el propio Municipio quien las mantiene y es el propio municipio quien ve con buenos ojos su instalación, dado que este tipo de artefactos, según lo expresado por el Ejecutivo, ayudó a bajar la accidentología, por lo menos en Antártida Argentina donde los vehículos desaceleran, aunque sea por tramos.
    Nuevos reclamos de usuarios
    Por su parte, automovilistas vuelven a reclamar que el gobierno provincial las retire o las homologue; no que estén funcionando sin la certificación correspondiente. “Yo trabajo en un comercio y ARBA me está todo el tiempo inspeccionando la mercadería que comercializo, sin embargo el otro día me llegó una multa de una cámara ubicada sobre Antártida Argentina que no está certificada. Entonces hice mi descargo porque no es una cámara que esté homologada, ni siquiera se encuentra oficializada dentro del mapa de radares provinciales. Por lo tanto es trucha”, expresó Juan José, el propietario de una carnicería local.
    El mapa de los radares provinciales habilitados, y que fue incluido en proyecto de resolución de los concejales del Frente Renovador, se puede encontrar en; www.gba.gob.ar/seguridadvial/radares; en donde figura que no hay ningún radar colocado en el Partido de Zárate. Al clickear sobre el Partido de Zárate, la leyenda que aparece es “No hay radares ubicados en esta localidad”. Tampoco hay otra solapa en esta web oficial que remita a las fotomultas dado que para el caso son lo mismo. De hecho la información oficial de esta página confirma que en la localidad de Campana hay nueve radares autorizados, citando las cámaras instaladas en Ruta 6.
    “Claramente es necesario respetar las normas viales y por ende los límites de velocidad. En este sentido, es preciso que el Estado promueva campañas de difusión y prevención, y en el caso de una infracción a estas normas, castigue tal conducta. Lo que no es aceptable es que se fomente la insólita contradicción de hacer generar la conducta no deseada, para infraccionar al conductor con el solo efecto recaudatorio. Los controles de velocidad llevados a cabo por el estado no deben tener como estandarte un fin meramente económico, sino el de seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito”, aclara el proyecto de Resolución ingresado por los ediles del Frente Renovador, el cual solicita al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires “ejercer su magistratura de opinión y persuasión para llevar a cabo la función que le compete respecto de éstas prácticas ilegales”.

    Polémica fotomulta instalada frente a Monsanto.

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