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  • Dos colegios evacuados por amenazas de bomba

    30/8/2019
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    Durante la jornada de ayer, la comunidad educativa vivió momentos de tensión a raíz de nuevas amenazas de bomba en dos establecimientos educativos del Centro.
    El pasado miércoles, fue el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en calle Pueyrredón 815, donde se recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de un explosivo. Por tal motivo, las autoridades activaron el protocolo de evacuación para este tipo de casos, aunque finalmente resultó ser una falsa alarma.
    El mismo escenario se repitió ayer, pero esta vez, los objetivos fueron el Colegio Estrada, ubicado en Belgrano y San Martín, y el Colegio Sagrada Familia, de Bolívar y Félix Pagola. En ambos casos, tanto los estudiantes como los profesores y directivos, debieron abandonar el establecimiento durante varios minutos.
    En este sentido, se montaron distintos operativos perimetrales en las cercanías de ambos colegios para evitar la circulación vehicular, a la espera de la llegada de la Brigada de Explosivos de San Isidro, que determinó que en ningún caso se encontró material explosivo y se trató de otra falsa alarma.
    EN AUMENTO
    Estos delitos, que provocan el movimiento de una fuerte logística, tuvieron un aumento significativo los últimos años. Según los datos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, los delitos contra el orden público registraron una suba del 695% entre 2016 y 2017. De 480 hechos en 2016 se pasó a 3819 en 2017. Las instrucciones penales preparatorias iniciadas por este delito correspondían en 2016 al 2,9% cada 100.000 habitantes. En 2017, ascendieron a 22,4% cada 100.000.
    En los próximos meses se conocerá la evolución de estos hechos entre 2017 y 2018, pero se descuenta que se sostuvo un importante número de amenazas falsas: solo en el primer semestre de 2018 se registraron 1368 llamadas al 911. El segundo semestre fue mucho más elocuente en lo que respecta a la suspensión de clases por estas advertencias, pese a que las cifras oficiales no se difundieron aún.
    El gobierno bonaerense advirtió públicamente este año sobre la gravedad de estos episodios. El tema puso en alerta a las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, que ordenó dar charlas en las escuelas para advertir sobre las consecuencias de estos actos.
    La inmensa mayoría de los autores identificados son menores de edad, que no son punibles penalmente por el delito. Pero una vez que el Estado logra acreditar que desde el teléfono de un adulto se produjo la amenaza puede iniciar una demanda civil al padre del menor. En muchos casos se pide una inhibición general de bienes. Luego se tramita una causa civil.
    La mayor parte de las amenazas se registraron el año pasado en los departamentos judiciales de Moreno, Lanús y La Plata. En esta capital se acumularon 600 amenazas de bomba solo en 2018. Hubo momentos en que se registraron 30 diarias. Berisso tuvo el mayor número de amenazas registradas en establecimiento educativos.

    Alumnos fueron evacuados a la Plaza Mitre.
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