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  • Se demora la aplicación de la Ley Micaela en Zárate

    5/9/2019
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    La sanción de la Ley Provincial Nº 15.134 denominada “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado” se “coló” en la agenda pública del Concejo Deliberante en marzo de este año y a fines de abril se terminó aprobando “sobre tablas” con la Ordenanza 4721.
    El proyecto, ingresado por el bloque de Nuevo Zárate, plantea que el municipio adhiera a esta ley para que todos los funcionarios públicos y empleados se capaciten obligatoriamente en materia de Género.
    Sin embargo aún no hay fechas para estas capacitaciones de funcionarios públicos pese a que las cifras de violencia de Género aumentaron en el primer semestre del año.
    En cuanto a las cifras, el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación detectó 155 femicidios durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de julio del 2019. La mayor cantidad de casos tiene como agresores a hombres adultos. Sobre la modalidad, 39 asesinatos fueron cometidos mediante el uso de armas de fuego, 38 por apuñalamiento, y un alto porcentaje de las víctimas fueron golpeadas o estranguladas.
    En este contexto es que se torna urgente capacitar a los funcionarios públicos dado que la información es una herramienta de poder a la hora de identificar este tipo de situaciones de violencia y microviolencias de Género.
    La ordenanza
    Los Considerandos de dicha ordenanza expresan lo siguiente; “las y los agentes del Estado tienen la responsabilidad de velar que los derechos consagrados en nuestra Carta Magna sean aplicados, ejercidos y promovidos para la integración social, en el marco de los Derechos Humanos y de la convivencia democrática. Y esta ley tiene por objetivo formar a las y los agentes de los distintos niveles y organismos del Estado, como medida a erradicar estereotipos que reproducen la discriminación, prácticas, ideas y culturas institucionales que obstaculizan el pleno ejercicio de derechos de las mujeres. Y es de aplicación obligatoria para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que en 2006 se creó el Programa `Las víctimas contra las violencias´, en 2008 se sancionó la Ley 26.364 de Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas; en 2009 se sancionó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos para abordar los distintos tipos de violencias, entre las que se incluyen la doméstica, institucional, de libertad reproductiva y obstétrica, mediática y laboral. Es el propio Consejo Nacional de la Mujer el encargado de diseñar las políticas públicas para efectivizar la ley, así como de mantener en función la línea 144 que brinda contención, información y asesoramiento en violencia de género todos los días durante las 24 hs. Aún así rigen desigualdades, dando lugar a negaciones o situaciones que confieren claros casos de violencia institucional que se encuentran en el sistema judicial, en la mayoría de las veces nos encontramos con decisiones machistas y misóginas. Actualmente nos encontramos transitando un proceso de transformación para la inclusión y equidad de género, el movimiento de mujeres en particular y la sociedad en su conjunto impulsa; las masivas manifestaciones cada 3 de Junio de Ni una Menos, así como los encuentros nacionales de mujeres expresan la urgencia de lograr revertir las desigualdades entre hombres y mujeres. La igualdad de género implica un profundo cambio cultural de las instituciones y representaciones sociales que las fundamentan en un marco político en el que los derechos de mujeres y hombres tengan igual valor en todos los ámbitos”, expresa la Ordenanza aprobada.

    Licencia por Violencia de Género

    La Suprema Corte bonaerense incorporó la licencia por violencia de género en la Justicia provincial.
    La decisión se tomó en el acuerdo 3449 al que llegaron los distintos ministros de la Suprema Corte días atrás y, por unanimidad, se aprobó una resolución que incorpora la licencia por “Violencia de Género” al articulado del Estatuto del Agente Judicial.
    La modificación lleva la firma del titular del tribunal, Eduardo Néstor de Lazzari, y los ministros Eduardo Pettigiani, Héctor Negri, Fernando Mancini, Daniel Soria, Esteban Genoud, Sergio Torres, e Hilda Kogan.
    En concreto, el Acuerdo 3949 promueve impulsar implicaciones positivas para que la víctima recupere su proyecto de vida laboral, y de este modo, se combata la victimización secundaria que se produce cuando una víctima de violencia de género puede ser discriminada en su relación de empleo.
    Asimismo, el artículo incorporado persigue el objetivo de eliminar los efectos negativos de la violencia de género en el ámbito del trabajo, tal como ocurre al encuadrar tales situaciones en licencias concedidas para otros fines (por caso enfermedad), invisibilizando la real dimensión de este flagelo.
    Incluso, se contempla que las personas afectadas puedan solicitar su traslado por razones de seguridad, a fin de preservar su integridad personal o familiar.
    A su vez, la Suprema Corte solicitó a la Secretaría de Planeamiento dentro de su estructura y a la Procuración un programa encargado de establecer las políticas de género integrado por un equipo interdisciplinario que se ocupará del seguimiento de los casos de violencia de género que se originen en las dependencias del Poder Judicial.

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