El Ejecutivo aguarda con muchas expectativas que el Concejo Deliberante analice y considere tratar y aprobar positivamente el proyecto de modificación fiscal e impositivo a través del cual propone un incremento general en las tasas municipales y, dentro del mismo, la creación de la tasa de Prevención y Control o tasa de Seguridad cuyo objetivo principal es mantener la estructura de la DPU (Dirección de Prevención Urbana).
Para cubrir el bache económico que padece la Municipalidad de Zárate entre lo que ingresa y lo que gasta, necesita aplicar nuevamente un retoque en los tributos por los diferentes servicios que presta a la comunidad.
En ese sentido, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de actualización de las tasas para lograr equilibrar el déficit sostenido generado por el aumento que sufrieron las prestaciones de servicios por cuestiones inflacionarias que, pese al aumento de hace un año, no ha podido ser amortiguado.
El argumento más esgrimido por el oficialismo está basado en que la sustentabilidad de los servicios que brinda la Comuna depende de la actualización de las tasas. Y bajo esa argumentación que podría resultar paradoja, se escuda ante la crítica situación de las prestaciones.
La tasa es un tributo que se cobra por la contraprestación efectiva de un servicio brindado por el Municipio. El valor de la tasa debe guardar razonable proporción con el costo del servicio prestado pero también debería guardar razonable proporción con la calidad de los mismos, cuestión que en el orden local no se ha visto desde hace años.
El proyecto del Ejecutivo tomaría estado parlamentario en la próxima sesión que podría ser extraordinaria. El Cuerpo Legislativo no ha determinado aún si se llevará a cabo la asamblea en esta semana pero todo indicaría que el proyecto ingresaría parlamentariamente durante el receso de verano.
Mañana se llevará a cabo una reunión conjunta de comisiones donde se abordarán nuevamente los ejes de debate de la última reunión de Labor Legislativa, entre ellas el proyecto de reforma fiscal e impositiva, y donde se definiría la realización de una sesión extraordinaria en la que el expediente podría ser girado a comisión para su estudio.
De aprobarse el aumento ya sea sobre tablas o en una futura sesión, alcanzaría el bolsillo de la mayoría de los contribuyentes zarateños por el ABL (alumbrado-barrido y limpieza) hasta en un 40 por ciento. El oficialismo intentará que el expediente sea tratado lo antes posible y, esta vez contaría con el acompañamiento necesario como para acelerar los tiempos. De allí la razón por la cual decidió presentarlo en período de receso legislativo y no aguardar por el ciclo ordinario de sesiones.
Apenas asumió la nueva administración municipal, planteó la necesidad de adecuar las tasas en forma progresiva porque desde el año 1992 no se había hecho ningún ajuste tarifario, lo que había provocado un desfasaje entre el ingreso y el egreso de las arcas municipales en concepto de prestación de servicios. Una iniciativa que también había tenido la gestión anterior pero que se vio frenada por pedido expreso del Gobierno nacional del momento a todos los intendentes.
No con el apoyo y la forma que hubiese deseado, aunque contaba con una amplia mayoría opositora, el Ejecutivo obtuvo una reforma fiscal e impositiva que, llamativamente después de tanta insistencia, sin embargo, comenzó a aplicar meses después de haberse sancionado y promulgado.
Los sectores oficialistas y opositores que sugieren un nuevo incremento de tasas, coinciden en que con el actual régimen tributario será difícil asegurar los gastos que generan los servicios básicos a la Comuna. Además, aseguran que, en general, no será de alto impacto el incremento en el común de la población ya que el ABL está atado a la valuación fiscal de las propiedades y porque hay sectores específicos como la construcción que serán más considerables.
El proyecto, también contempla la creación de la controversial Tasa de Seguridad para financiar el funcionamiento de la Dirección de Prevención urbana (DPU) que fuera rechazada años atrás por los tradicionales sectores opositores justicialistas quienes argumentaban que se trataba de una función específica correspondiente a la jurisdicción provincial y no municipal.
No obstante, el proyecto de incremento de tasas de ser aprobado por los ediles en su momento, luego de un previo estudio, deberá ser refrendado por los mayores contribuyentes. Se trata de un proyecto sobre el que el Ejecutivo se encuentra tranquilo en cuanto a su posible aprobación.
