Según un informe nacional dado a conocer días atrás, el número de personas que sufren accidentes de tránsito en moto cuadruplica al de los automóviles, así como también el número de víctimas fatales principalmente por traumatismo de cráneo. A nivel local, si bien no hay estadísticas oficiales al respecto, en general ha habido una merma. Sin embargo, sí ha aumentado considerablemente el parque de motovehículos, uno de los medios de transportes sobre los que más actas de infracción se labran y sobre los que más secuestros se realizan. Entre ellos, porque sus tripulantes no llevan casco.
Después de la bicicleta, en muchos casos por una cuestión económica, la gente accede a la moto. Es un vehículo masivo que se puede ordenar localmente. No obstante y pese a los controles de Tránsito que se han intensificado en los últimos años, no se ha logrado la concientización sobre la importancia, entre otras cosas, del uso del casco protector.
Mientras la dirección general de Tránsito y Transporte, a cargo de Jorge Blanco, ha comenzado a aplicar una ordenanza (Nº 2.834) que data del año 1993 y nunca había sido instrumentada y la habilita a secuestrar motocicletas por el no uso de casco, la cartera de Inspección General aún no ejecuta dos ordenanzas promulgadas el año pasado que regulan la actividad comercial de motovehículos, entre otras cosas exigiendo la entrega de casco y patente al momento de la concreción de la venta.
“Nosotros estamos secuestrando motos si sus conductores no llevan casco, hay una ordenanza que lo permite”, informó Blanco y agregó: “en lo que se refiere a tránsito estamos haciendo cumplir todas las normas, lo otro corresponde a la dirección de Inspección General que tendría que comenzar a clausurar un par de negocios, medida extrema inevitable para que todos se pongan en regla”.
En este sentido, Blanco se refería a las ordenanzas que fueron impulsadas por él mismo y gestionadas por los concejales del, por entonces, bloque de la Coalición Cívica. Se trata de las números 3.809 y 3.810 cuyos textos obligan a los comercios que se dediquen a la comercialización de motocicletas, ciclomotores, triciclos y cuatriciclos motorizados, a realizar la operación incluyendo la provisión del casco protector correspondiente, su debida patente y documentación.
“Es un delito a la Ley de Tránsito que los comerciantes retengan la documentación y la patente como garantía de pago”, explicó Blanco, “no tiene nada que ver la deuda con la documentación del vehículo, como cualquier agencia de autos, se tiene que inscribir la prenda para tener el cobro asegurado de la deuda, de nuestra parte retenemos motos que no estén debidamente documentadas pero esto viene desde la comercialización”.
Hasta ahora no había una ordenanza que le permitiera al Municipio clausurar comercios que infringieran esta norma. Aún hoy, con una herramienta legal, el Ejecutivo no realiza inspecciones al respecto.
Desde el Ejecutivo, precisamente de área de Inspección de Comercio, se informó que la razón por la cual hasta ahora no se ha comenzado a fiscalizar el cumplimiento de estas normas está fundamentada en un período de notificación. Desde la promulgación de estas ordenanzas se inició la comunicación de las mismas a cada uno de los comercios para que se adapten a la nueva legislación. El tiempo de notificación no fue especificado pero ya han transcurrido cinco meses desde la sanción.
