Comienza el juicio en el caso de José Luis González

Después de 2 años y 11 meses de haber ocurrido el hecho, el caso de José Luis González llega a juicio oral pero no público. Se trata de una de las víctimas de inseguridad de Zárate, un operario metalúrgico que muriera como consecuencia, tres meses después, del disparo que recibiera en el abdomen por un menor de 16 años que ingresó a robar a su casa de San Jacinto en el año 2007. El proceso judicial se desarrollará en tres jornadas y tendrá lugar en la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y de Garantías en lo Penal de Campana, 25 de Mayo 955.
El juicio comenzará el jueves 18 de noviembre a las 8.30 horas y continuará al día siguiente y en la próxima semana. El Tribunal a cargo de dictar sentencia estará a cargo de los jueces, María Pía Leiro, Robero Ortenzi y Miguel Ángel Balmaceda. Por su parte, la familia de la víctima estará representada únicamente por el fiscal Humberto Bottini, quien pidió una pena de 17 años para el joven imputado, hoy de 19 años de edad.
Al respecto, la viuda de González, Fabricia López, quien cuando ocurriera el trágico hecho también se encontraba presente en el domicilio, al igual que sus tres hijos que en ese momento tenían, entre 16 y 4 años.
Sin asesoría legal y sin contención en el orden local, López junto a otro grupo de vecinos de Zárate víctimas de la inseguridad participó de una jornada organizada por el Centro de Protección a las Víctimas del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia en la localidad de Chapadmalal donde pudo, por primera vez, después de 2 años y medio, encontrar el asesoramiento necesario para acelerar los tiempos de la Justicia en su caso.
En una entrevista brindada a LA VOZ, ayer en la mañana, la mujer manifestó que aguarda el juicio con “ansiedad y temor” y que espera que los jueces dictaminen la pena máxima para el único imputado –quien además cuenta con otras tres causas en su haber- por el hecho que derivara en la muerte de su esposo. Sin embargo, sostuvo que los años que la pena prevé no se asemejan en nada a lo que se hubiese esperado como sinónimo de justicia.
“Va a ser un castigo pero no va a ser justicia”, expresó López, “justo sería que mi esposo estuviese conmigo y mis hijos, no nos alcanzan 17 años para parar tanto dolor”.
Aunque hace tres meses atrás, la familia de José Luis González se encontraba a la deriva en el sistema judicial sin instituciones locales que pudiesen canalizar su situación, asegura que hoy se encuentra contenida con el Centro de Protección a las Víctimas, organismo que jugó un papel fundamental para que antes de que se cumpliesen los tres años de la muerte de su esposo, se iniciara el juicio.
“Todo se aceleró cuando fuimos a Chapadmalal con otro grupo de personas de Zárate que también habían perdido a algún ser querido en una situación similar o peor, allí conocí al director del Centro, Alberto Palacio, quien hizo algunos llamados telefónicos para que esto se mueva y, por suerte, hoy estamos acá, de lo contrario se hubiesen cumplido los tres años y lo hubiesen dejado libre, como si nada hubiera pasado; lamentablemente, la Justicia a veces funciona así”.
Sobre las expectativas depositadas en la próxima semana, Fabricia López dijo que “ahora todo está en manos de los jueces pero creo que no pueden darle menos de esos años que pide el fiscal”.
La preocupación no deja de ser una constante en la cotidianeidad de la familia. La misma hoy se relaciona con la posible condena y el futuro.  “Mis hijos tienen la misma edad que el imputado y tienen que declarar ante él y los jueces, si le dan 17 años, cuando salga va a tener 32 años, si no sale antes, y no sé de lo que será capaz entonces, por eso pedí que no esté presente cuando mis hijos realicen sus declaraciones, quiero que se los proteja como hasta ahora se lo ha protegido a él”.
PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS
“Hay mucha gente que no tiene adónde recurrir, dónde obtener contención, cuando pasa por lo que pasamos nosotros”, dijo la mujer haciendo referencia a la falta de espacios en el orden local donde obtener algún tipo de asesoramiento. En ese marco recomendó el inmediato contacto con el Centro de Protección a las Víctimas.
“Siguen pasando cosas en Zárate y la gente está a la deriva, aconsejo que llamen al Centro o que se contacten con una familia que haya pasado por lo mismo”, agregó, “por suerte, me pude apoyar mucho en la mamá de Juan Cruz Marques, Vesna Ravnik, en Inés Casse, Daniel Vico, porque la única solución es juntarse”, dijo.
A través del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, el Ministerio de Seguridad y Justicia brinda asistencia integral, acompañamiento y contención a quienes sufran las consecuencias de haber padecido algún delito. Interviene por presencia, con un equipo interdisciplinario de profesionales, en el lugar donde se encuentra la víctima y su familia, para contenerlos y asistirlos.
Acompaña en el doloroso proceso superador del duelo y en la reconstrucción de la historia familiar, laboral y social, procurando que la persona asistida supere los daños sufridos. Sus teléfonos son: 0-800-666-4403 o (0221) 426-2340/ 2342/ 2343/ 2351.