La violencia masculina en Argentina es una realidad irrefutable. Desde el primer día de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, fueron 282 los asesinatos de mujeres, perpetrados siempre de modo salvaje, con balas, cuchillos, golpes, estrangulamientos, incineraciones, degollamientos o empalamientos, entre otros. La cifra revela que cada 31 horas hay una víctima en el país. En 164 casos, el 58% del total, los responsables fueron parejas o ex.
Pero estos hechos son apenas una parte del problema, porque a partir de los crímenes fueron 346 los hijos que perdieron a sus madres en situaciones aberrantes. Así lo reveló un informe de la organización civil La Casa del Encuentro, llevado a cabo por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Marisel Zambrano”, y que propone en esta ocasión “un diálogo/pacto/consenso social, político de emergencia para diseñar un Plan nacional para la erradicación de la violencia de género, compuesto por el Ejecutivo Nacional, Ejecutivos provinciales, Poder Judicial, Poderes Legislativos, fuerzas de seguridad, universidades, asociaciones sindicales, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil”.
Del informe se desprenden datos alarmantes sobre la problemática. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking macabro con 92 femicidios, seguido por Santa Fe con 27, Córdoba con 20, Salta con 19 y Capital Federal con 14. Asimismo, 106 hechos fueron perpetrados por esposos-parejas-novios, y 58 por ex. En 76 hechos, los responsables fueron padres, vecinos, conocidos, hijos o hermanos de la víctima.
El estudio de La Casa del Encuentro aclara que en los registros realizados, no están contemplados por la insuficiente información los siguientes casos: mujeres que ingresaron a los hospitales con evidencia de violencia sexista, pero al fallecer en sus certificados de defunción figura muerte por paro cardiorrespiratorio u otro causal, invisibilizando la violencia que generó el cuadro traumático, como también mujeres que mueren por abortos clandestinos, mujeres que aparecen en las noticias como muertas por suicidio, pero que han padecido previamente una situación de violencia sexista en sus vidas.
En sus conclusiones, se remarca la necesidad de contar con estadísticas oficiales; la incorporación al Código Penal de la figura del femicida (con pérdida de la patria potestad, no así de sus obligaciones alimentarias); apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema en todas las provincias; protección integral para las víctimas; patrocinio jurídico gratuito; mayor cantidad de hogares refugio e intensificar campañas de prevención e información, entre otros.
