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Se desconoce el “Plan Municipal de Seguridad”

El mencionado “Plan de Seguridad Municipal”, que se iba a anunciar a finales del mes pasado, aún no fue dado a conocer. En realidad, como plan, no hay nada desarrollado ni escrito aún. El proyecto está todavía elaborándose y lo único que existe es un compromiso del secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, en proveer a la zona de más custodia en los accesos a la ciudad, el llamado “operativo cerrojo”.
Según pudo averiguar este medio, Sergio Berni se ha comprometido a ordenar a Gendarmería Nacional y Prefectura actuar en los seis accesos a la ciudad; aunque nada de esto ha ocurrido en los últimos quince días. Más allá de la demora de esta medida, el compromiso está vigente.
Claro que para que se efectúe este “operativo cerrojo”, el municipio debe aportar algo suyo también. De acuerdo al convenio alcanzado, el Ejecutivo municipal debe instalar garitas en los seis accesos a la ciudad, iluminarlas, señalizarlas y equiparlas con cámaras de seguridad. Todo el costo debe acarrearlo el Ejecutivo. Luego el Ministerio de Seguridad de la Nación recién ordenaría a las fuerzas de seguridad a distribuirse en estos seis puestos de control fijo para custodiar el ingreso de móviles y personas.
“Puertas adentro” de la ciudad, el aporte del Ministerio de Seguridad de la provincia es nulo  tras la reunión de Cáffaro con el titular de la cartera bonaerense, Ricardo Casal. Los siete agentes nuevos para Zárate todavía no fueron nombrados. Tampoco fueron enviados los fondos para la compra de diez motos y la refacción de la Comisaría Primera y de la Segunda de Lima por $ 307.756.
A nivel político las medidas en materia de Seguridad llevadas a cabo por el ministerio que dirige Casal parecen ir en contra de las acciones desarrolladas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El primero busca trasladarle toda la responsabilidad de la seguridad a los municipios, con la compra descentralizada de patrulleros y la promoción de los “policías comunales”. En tanto, desde Nación, la premisa es reubicar a las fuerzas nacionales de seguridad en los municipios, incrementar el control sobre la policía bonaerense con los Foros de Seguridad municipales y, en definitiva, que el Estado provincial se encargue, básicamente, de la seguridad en los distritos más “complejos”.
Desmenuzando el “plan de seguridad municipal” anunciado por el Ejecutivo, la única acción concreta que se persigue es la de dotar de personal policial a los móviles de la Dirección de Prevención Urbana (DPU) para que tengan la posibilidad concreta de actuar ante cualquier hecho de inseguridad.
Hoy en día los agentes de la DPU tienen la misma “jerarquía” que un empleado municipal, no pueden detener a nadie, pedir documentación y ni siquiera pueden bajarse del móvil. Su tarea es la de patrullar y avisar a la policía en caso de ver algo “sospechoso”.
La iniciativa es que por lo menos se suban a los móviles siete policías, lo que en teoría debe enviar Casal. Luego el Ejecutivo debe evitar que sean reacomodados por la comisaría en otras funciones o que intenten hacer horas extras (horas core) en bancos y organismos públicos.
Sin embargo para “tentar” a los servidores públicos a quedarse sentados en los móviles de la DPU plantea pagarles un plus y un adicional, un alto costo que correrá por cuenta del Ejecutivo.
Por último, otro eje que sí está desarrollado es que se liciten dos móviles más para incorporar al parque automotor de la DPU y elevar la cantidad de cámaras de vigilancia de 57 a 100.
Para aplicar el mentado “Plan de Seguridad Municipal” el Ejecutivo debe desembolsar una importante cantidad de dinero, para hacer las garitas en los accesos y equiparlas, para pagarles los adicionales a los nuevos agentes policiales, mantener los nuevos móviles y comprar más cámaras de vigilancia. Al tiempo que debe “rogar” cada semana al Estado provincial que cumpla con lo prometido una y otra vez por el gobernador Scioli y Casal.
Todo esto se da en un contexto de inseguridad creciente y con un bajo margen de recaudación de la nueva Tasa de Prevención a raíz del descontento de muchos vecinos que no abonan el nuevo impuesto municipal.