La doctora María Eugenia Suárez, abogada con matrícula federal de Campana y miembro del Concejo Directivo del Colegio de Abogados de Zárate-Campana, ha promovido días atrás por derecho propio ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana una Acción de Amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional solicitando que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 26.855 de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Dicho expediente fue iniciado con el patrocinio del doctor Mariano Matzkin, abogado de Zárate quien también se desempeñó como secretario del Colegio de Abogados de Zárate-Campana en el periodo 2004/2008.
Este expediente se suma al cúmulo de acciones judiciales que distintos sectores independientes vinculados al quehacer judicial.“La pretendida elección popular de los representantes de los abogados, jueces y académicos que integran el Consejo de la Magistratura junto a los representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo (diputados y senadores) elegidos por voto popular, significa una clara y ostensible violación a la letra expresa y espíritu del Art 114 de la Constitución Nacional que establece la forma de elección, composición plural y funcionamiento equilibrado del órgano, ocasionando una manifiesta violación al principio republicano de división de poderes que afecta la mismísima independencia del Poder Judicial. Mediante la elección por sufragio universal de los representantes de abogados, jueces y académicos en los mismos comicios nacionales en los que se elige presidente y legisladores, y el que hecho de que se obligue a tales profesionales a postularse única y exclusivamente por agrupaciones políticas compartiendo la misma boleta partidaria, transforma un órgano plural y especializado como es el Consejo de la Magistratura pensado por la reforma constitucional de 1994, en un órgano sumamente politizado donde la disciplina y obediencia partidaria serán la regla al momento de decidir la selección, sanción, suspensión y/o acusación de los magistrados”, comentó Mariano Matzkin.
“Po lo tanto, la esencia de la división de poderes se pierde indefectiblemente y para siempre con la reforma, porque frente a posibles abusos y violación de derechos y garantías constitucionales por quien aplica la ley (Poder Ejecutivo Nacional) y/o por quien la sanciona (Poder Legislativo), el ciudadano carecerá de un órgano imparcial (Poder Judicial) que pueda defenderlo. Por otro lado, la politización de la justicia no es un tema menor, ni lejano y ni ajeno al ciudadano común. El vecino de la zona tiene y debe saber que la Justicia Federal de Campana es quien debe tutelar sus derechos frente al Estado Nacional como jubilado y pensionado, como contribuyente, como depositante de sus ahorros en instituciones bancarias y financieras, como usuario y consumidor, como afiliado de obras sociales y empresas de medicina prepaga, como importador y/o exportador en nuestros puertos y aduanas, como trabajador de instituciones y organismos del Estado nacional, como miembros de fuerzas armadas y de seguridad con asiento en el distrito y como víctima de cualquier delito de competencia federal, como el narcotráfico, por ejemplo”, concluyó Matzkin.
El amparo iniciado ante el Juzgado Federal de Campana ha sido notificado al Poder Ejecutivo Nacional en su sede de Balcarce Nº 50 (Casa Rosada), aguardándose en los próximos días su contestación para que el juez luego esté en condiciones de dictar sentencia definitiva.
