El movimiento antinuclear Zárate- Campana participó del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental que se desarrolló el Rosario la semana pasada. En este congreso expusieron un documento, basado en los derechos constitucionales de todo ciudadano a vivir en un ambiente sano y equilibrado, ya lleva cientos de firmas en solamente tres días de lanzamiento, captando el interés de medios alternativos de comunicación, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos del país.
El documento fue elaborado por el Movimiento Antinuclear Zárate- Campana y la Asamblea Permanente del Comahue por el agua (APCA).
“El gobierno nacional ha iniciado de manera unilateral el llamado a licitación para la construcción de nuevas centrales nucleares, eludiendo nuevamente la instancia previa y obligatoria de consulta popular, que desde un punto de vista moral, se vuelve imprescindible para evitar imponer a numerosas poblaciones del territorio argentino a un riesgo mortal no asumido por ellas mismas”, comienza diciendo el documento. Luego agrega, “también se prevé la construcción de otras centrales nucleares de uranio natural y agua pesada mediante la cuales se intentará dar lugar a la participación del sector nuclear nacional, lamentablemente, experimentado en la materia a través gestiones caracterizadas por un alto grado de irresponsabilidad que nos dejan hasta el día de hoy, un pasivo irremediable, como ser la contaminación del acuífero Puelche (Buenos Aires) o la miles de toneladas de colas de uranio sin remediar en Mendoza. La energía nucleoeléctrica, diseñada e impulsada en un principio dentro de una estrategia de poderes para un nuevo posicionamiento geopolítico de países, mediante el desarrollo de armas nucleares, ha cumplido un dolorosísimo ciclo de muerte y destrucción en todo el planeta, llevando a esos mismos países a encrucijadas técnicamente imposibles de desactivar. En este marco, bajo una nueva relación de colonialidad, los países dominantes y con más desarrollo en estas áreas, se vinculan con aquellos emergentes mediante la transición de los mismos modelos productivos y procesos tecnológicos que ya han fracasado en sus países, condenando a sus propios habitantes. A la masacre de Chernobyl, se le suma hoy la incógnita de Fukushima, en donde el impacto inevitable del próximo terremoto puede dispersar una radioactividad 50 veces aun mayor al terminar de destruirse la pileta de enfriamiento en la que se encuentran 1500 barras de combustible gastado, postergados, como en la mayoría de las centrales del mundo, al no existir un verdadera solución para los residuos. El complejo industrial nuclear, de este modo, al no poder predecir las próximas dinámicas de tensiones sociopolíticas y las variables ambientales (y sus combinaciones) no sólo para la próxima generación sino para los próximos cientos de años, eterniza el genocidio del planeta exponiéndolo a cantidades industriales de uranio contaminante en todas sus formas (desde la diseminación de material radioactivo en la minería de cielo abierto hasta llegar a las poblaciones civiles masacradas con armas revestidas de uranio empobrecido, basura residual del proceso de obtención de energía eléctrica)”, establece el documento.
Luego habla de la hidrofractura, “es una técnica de extracción de gas y petróleo de la roca madre que perpetua el modelo civilizatorio de dependencia del hidrocarburo, fuente de energía no renovable. Ya demostró en muchos países sus efectos ecocidas e incontrolables con respecto al tratamiento de las aguas de reflujo, compuestas por químicos nocivos, y a las fugas de hidrocarburos que, después de la fractura, al subir, llegan a contaminar de manera no remediable las napas, los acuíferos y las aguas superficiales. Es por eso, que en muchos países se prohibió o se suspendió su desarrollo. Para nosotros, la proliferación de estas tecnologías, éticamente inaceptables, representa una clara decisión política de desprecio y pisoteo de los derechos de las generaciones presentes y futuras, de vivir en un ambiente sano. Así, se impone en nuestro país un modelo de matriz energética propio de las últimas décadas de los EE.UU., que tiene como principal actividad, el fracking y la energía nuclear. La peligrosidad de un avance simultaneo en estos dos sectores energéticos se manifiesta en primera instancia frente a la imposibilidad de tratamiento de residuos altamente tóxicos y contaminantes que ellos producen y también con respecto a la cercanía entre las centrales nucleares y los yacimientos, como en el caso de Entre Ríos y Atucha, combinación letal, si sabemos que los terremotos son la consecuencia de la fractura hidráulica. Por otro lado, para garantizar el abastecimiento de las centrales nucleares se reactivan muchos proyectos mineros de extracción de uranio que amenazan nuestros territorios. Por ello exigimos otro tipo de matriz energética ya; que reemplace la actuales nuclear, hidrocarburífera y de biocombustibles (que promueven los monocultivos transgénicos), por fuentes de energías renovables, limpias y libres. En defensa de nuestro planeta y de la biodiversidad”, concluye el documento firmado por el Movimiento Antinuclear Zárate – Campana y Asamblea Permanente del Comahue por el Agua (APCA).
El documento completo se puede leer y adherir en http://www.movimientoantinuclear.com/ o por email a: [email protected]
Ambiente sano y equilibrado
Cabe mencionar que el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual está amparado el documento, expresa lo siguiente; “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”, concluye el artículo de la Carta Magna.
