Calificar de mentiroso a un medio de prensa como La Nación, que tiene detrás de sí más de un siglo de presencia periodística en la vida pública argentina, es una gran responsabilidad para quien emite ese calificativo. Tanto el intendente Osvaldo Cáffaro como el presidente del Concejo Deliberante y candidato en campaña, Aldo Morino, descalificaron una nota aparecida en el citado matutino acusándola de “mentirosa”. Un calificativo que usa también el Gobierno nacional para aquellos medios que no le son obsecuentes. El artículo referido que se publicó en La Nación el lunes pasado opinaba que “Zárate, es una ciudad copada por los asaltos y las drogas”. Y vertía datos que avalaban esos dichos.
Cáffaro opinó ante una pregunta de LA VOZ por esa nota que “Los datos publicados por La Nación no son datos reales” y atribuyó la misma a “maniobras políticas en un año electoral”, incluso metiéndose él mismo con su opinión en la interna política calificando al municipio de Tigre como más inseguro que Zárate. A esa descalificación a la nota de La Nación, se sumó Morino, también minimizando los dichos.
Está bien que se pueda discrepar, pero que se diga que un homicidio pasional no es violencia, es un poco raro. Pero más allá de esa disgregación que hizo el intendente Cáffaro, opinar diferente es muy saludable, enriquece el debate y da oportunidad a la gente de ver quién es quién en este tema de la inseguridad. Así se pudo comprobar ayer en Facebook donde unos cuantos zarateños aprovecharon la nota de LA VOZ conteniendo la respuesta de los funcionarios para dar sus opiniones, contrarias a la de ellos sobre la inseguridad en Zárate.
Confrontar, expresar opiniones por la prensa libre es democrático. Acusar de mentiroso a un medio sin tener estadísticas y datos fehacientes que avalen ese calificativo es irresponsable.
Señores funcionarios y concejales, basta ya de matar al mensajero y a ocuparse del tema, los medios queremos conocer estadísticas oficiales si es que las manejan sobre el tema de la inseguridad porque la población tiene el derecho a saber, si vive o no en una ciudad donde el delito se apoderó de las calles.
