Después de 37 años, sobrevivientes de la última Dictadura Militar volvieron al Arsenal de Artillería de Marina.
Fue el viernes pasado, junto a funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación y autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires.
Se trató de una inspección general dado que los organismos oficiales de Nación y Provincia tienen la intención de señalizar los lugares como “Sitios con Memoria”.
La base del Arsenal fue un Centro Clandestino de Detención y Tortura cuando estuvo a cargo Sergio Buitrago, quien falleciera hace pocas semanas, antes de ser condenado en el 8vo. Juicio de la Mega Causa Campo de Mayo.
En realidad se trató de una larga gestión iniciada por sobrevivientes a la par del juicio que recientemente tuvo la sentencia del Tribunal de San Martín.
También estuvieron acompañados de la agrupación “Hijos de Zárate, Campana y Escobar” y de integrantes del Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Zárate-Campana.
Los sobrevivientes recorrieron todo el predio y los lugares donde fueron torturados y vejados.
La Base será marcada y señalizada por estas organizaciones encargadas de la defensa de los Derechos Humanos y militantes. En tanto el Estado nacional se hará cargo de los costos.
Dentro de este proyecto, tienen pensado señalizar en los institutos de formación de Prefectura Naval.
Proyecto de señalizaciones
Se trata de “marcas para conocer y reflexionar”, como el propio proyecto de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación aclara. Son marcaciones que se llevan a cabo en los ex Centros Clandestinos de Detención como así también en lugares donde ocurrieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal o acciones de resistencia de la sociedad civil. Con la identificación externa de los predios e inmuebles utilizados como centros clandestinos de detención se busca visibilizar la función que tuvieron estos espacios para el plan sistemático de tortura, exterminio y terror social implementado desde el Estado durante la última dictadura (1976-1983) y sus antecedentes en la represión ilegal.
El señalamiento y reconocimiento por parte del Estado democrático de los crímenes cometidos durante su fase terrorista, constituye uno de los pilares de la política de derechos humanos del Gobierno Nacional y las administraciones provinciales comprometidas con la memoria, la verdad y la justicia. Su finalidad en este sentido es la de contribuir a la reparación del daño ocasionado a las víctimas del plan sistemático de exterminio y al conjunto del tejido social afectado por el terror estatal.







