La instalación de antenas de telefonía en nuestra ciudad fue materia de diversos conflictos vecinales en los últimos años que empujaron a los propios concejales a plantear una postura política en la materia. Así fue que en el año 2005 aprobaron la Ordenanza Nº 3537; la cual prohíbe la instalación de todo tipo de torres, monopostes y/o mástiles para antenas de telefonía fija y telefonía celular en todas las zonas que integran las Áreas Urbanas de Zárate y Lima, delimitadas en el Código de Planeamiento del Partido de Zárate. Además, la norma establece que el predio donde se emplace la instalación de la antena debe tener como mínimo una superficie de 7.500 metros cuadrados y no podrán existir, dentro del mismo, construcciones destinadas al uso de vivienda de tipo familiar, o destinadas algún tipo de explotación comercial relacionada con atención al público de uso transitorio o permanente. Esta ordenanza buscaba “garantizar las condiciones de seguridad de las estructuras y de las construcciones y habitantes linderos a ellas” ante el peligro de que estas antenas se derrumben, dado que todavía no está comprobado el perjuicio que podrían ocasionar en la salud de la población. Sin embargo no reglamenta sobre su uso y teniendo en cuenta las características del servicio.
De parte del Ejecutivo pocas veces se pudo controlar y siempre fueron vecinos los denunciantes de nuevas antenas que se instalan clandestinamente. De hecho aún hoy Medio Ambiente municipal no presentó el relevamiento desarrollado en los últimos meses en relación a este tema.
Este tema también tuvo su lugar en el discurso de apertura de sesiones del intendente Cáffaro, y dentro de los anuncios para este año en materia de “Ambiente y Desarrollo Sostenible”; prometió realizar un relevamiento y mediciones de radiación de las antenas de telefonía móvil e implementar nueva ordenanza acorde a la legislación nacional y provincial; algo que, por otro lado, estaban pidiendo los propios vecinos.
En la actualidad son muchas las denuncias de frentistas sobre este tema y el control, y una nueva ordenanza acorde a las leyes vigentes, resultan ser oportunas ante las numerosas inversiones que planifican las compañías telefónicas en función de mantener la calidad del servicio.
