El intendente Osvaldo Cáffaro participó el lunes pasado al mediodía de un encuentro político, en la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Invitado por el jefe comunal de aquella localidad, Francisco “Paco” Durañona, Cáffaro hizo un descanso en su agenda para participar de este encuentro de dirigentes kirchneristas.
Pese a no haber información previa, la reunión se conoció cuando “Paco” Durañona twitteó en su cuenta una foto con todos los participantes del encuentro, donde se lo vio a Andrés Quinteros, diputado provincial del Frente para la Victoria, el el senador provincial y ex ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el diputado provincial, Marcelo Torres, Lisandro Bornioli (concejal de Pergamino); Mauro Poletti (intendente de Ramallo); Marina Moretti (ex senadora provincial); Ricardo Casi (intendente de Colón); Cecilia Comerio (senadora provincial); Francisco “Paco” Durañona (intendente de San Antonio de Areco) y Oscar Ostoich (intendente de Capitán Sarmiento).
Según lo informado por el propio Durañona, de actividad profusa en las redes sociales, “se juntaron para debatir e intercambiar opiniones sobre la situación actual de la provincia y el país”. De hecho elaboraron un documento denominado: “Por un acuerdo económico, político y social”.
DECLARACIONES
“Declaramos nuestra profunda preocupación por el impacto de las medidas de los gobiernos nacional y provincial que afectan gravemente a nuestros municipios. En efecto, el aumento de los productos de la canasta básica de alimentos, de las tarifas de la energía eléctrica, el gas, el transporte y el combustible producen un impacto sumamente grave en la economía de las familias trabajadoras, de los más humildes y de las organizaciones intermedias de la comunidad que no pueden afrontar los costos de las tarifas para seguir llevando a cabo su tarea social indispensable, como es el caso de las instituciones deportivas, sociales y culturales sin fines de lucro. Frente a esa preocupante realidad exigimos que el gobierno nacional y provincial contemple la particular situación que deben atravesar los hogares más humildes como consecuencia del brutal ajuste implementado y ampliar los alcances de las medidas que morigeren el impacto en los sectores vulnerables, como sería el caso de aplicar la tarifa social con un criterio más amplio. Proponemos que se impulse la aprobación del proyecto de ley presentado por el bloque del FPV que apunta a suspender por seis meses el nuevo cuadro tarifario para los sectores pequeños y medianos, como así también a las cooperativas. También la inmediata aplicación de la Ley 27.218 que le otorga una tarifa diferencial a todas las entidades de bien público del país, entre ellas los clubes sociales y deportivos”, comienza el documento. “Nos preocupa también la incidencia de estas políticas en el ámbito de la producción y de los servicios, en donde las distintas medidas de ajuste han generado una preocupante merma en la actividad, pronunciado la inflación y se han creado las condiciones para que los sectores productivos también pretenden ajustar sus números a través de los despidos que, a esta altura, colocan a la familia trabajadora en situación de precariedad laboral, como bien señala el documento recientemente publicado de la iglesia. El anuncio del veto presidencial a la Ley de Emergencia Ocupacional sancionada por el Congreso Nacional con un fuerte consenso de distintas fuerzas políticas y sociales deja a los trabajadores argentinos sin una importante herramienta frente a la situación que atravesamos, además de mostrar una baja valoración del diálogo democrático y de la independencia de poderes”, agrega el comunicado elaborado por estos referentes políticos de la Segunda Sección.
Luego reconocen el trabajo del Papa Francisco en función de la “construcción de puentes de diálogo honesto y de concordia; poniendo al hombre y a la familia en el centro de las decisiones políticas a contrario de lo que fue calificado como cultura del descarte, tan propia de las visiones neoliberales”, declaran.
Por último, hicieron público su repudio a la “persecución de la ex presidenta Cristina Fernández, quien recibe ataques de los grupos concentrados de poder asociados con el partido judicial”, concluye el documento firmado por estos dirigentes kirchneristas.
