Desde la Dirección de Inspección General que conduce Susana Repetto, informaron que días pasados realizaron un importante trabajo de relevamiento en los comercios de la ciudad que ofrezcan entre sus servicios la recarga virtual y la recarga SUBE.
Este operativo surgió a través de distintos reclamos de vecinos recibidos en la Oficina del Vecino, donde se notificaba sobre la existencia de un cobro extra por los servicios de recarga virtual. Quienes llevan a cabo esta acción no contemplada por la regulación del sistema, no emiten tickets ni comprobantes donde se registre el cobro extra (que oscila entre los $2 y los $3); según expresaron, resulta muy difícil para los inspectores poder detectar la acción de manera inmediata, dado que el personal del área debería estar presente al momento del cobro indebido. Aun así, los reclamos recibidos en las oficinas de Defensa al Consumidor, según pudo averiguar este medio, son remitidos al Ministerio de Transporte, y a la división de Fraude del Banco Nación.
En el 2015, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de Ordenanza presentado por Leonardo Lignazzi, que establecía que el vendedor, en caso de prestar el servicio (tanto de recarga Sube como de telefonía celular), “obtiene una rentabilidad por cada operación y, está por un lado, condicionando al usuario el libre acceso de contratación y consumo al obligarlo al pago de una suma adicional y por el otro, saca provecho económico de dicha situación de manera ilegal y evasiva, agravándose más en los casos aplicados a la Tarjeta Sube, la cual permite el acceso a un servicio público como el transporte”.
Es por eso que, en base a la Ordenanza 4346, recientemente se ha desarrollado el relevamiento de los comercios que ofrecen el servicio y, según explicó Repetto, “se ha notificado mediante acta que deben poseer un cartel donde se identifica al comercio como venta de carga virtual y no se debe cobrar el arancel”. Además, aseguraron que se les brindó asesoramiento a los comerciantes para que regularicen su situación y que próximamente realizarán otra recorrida por los comercios que se encontraban en infracción, los cuales, en caso de no acotarse al marco normativo, quedarán expuestos a sanciones.
