A comienzos de semana, informábamos sobre un particular episodio ocurrido en una estación de servicio ubicada en Arribeños y Caseros, donde un sujeto causó serios daños y destrozos en el lugar, luego de protagonizar un ataque de ira contra los empleados y los efectivos de Policía Local.
En el hecho ocurrido, el sujeto rompió los vidrios del área de compras, a la vez que amenazó y escupió a los empleados, mientras manifestaba ser portador del virus HIV. Tras la intervención policial, el hombre también cargó contra los agentes, mordiendo a uno de ellos cuando se resistía a ser aprehendido.
Desde la empresa proveedora de combustible, se comunicaron con LA VOZ para manifestar su indignación y preocupación ante el accionar de la Justicia en el hecho. Según comentaron, al tomar intervención el Fiscal Dr. Alberto Gutiérrez de la Fiscalía Descentralizada de Zárate, el agresor y protagonista de los ataques recuperó su libertad rápidamente.
“Ninguna autoridad avisó sobre la liberación del agresor, y los empleados se enteraron de ello al verlo circular en la ciudad con el mismo auto en el que arribó a la Estación de Servicio a cargar GNC el día de la salvaje e inexplicable agresión”, expresaron desde la empresa y manifestaron que el sujeto, que fue imputado por “Amenazas, lesiones, daños, daño agravado y resistencia a la autoridad”, también “está imputado por otro delito más grave, previsto en el Artículo Nro. 202 del Código Penal (delito contra la seguridad pública) que reprime con una pena de tres a quince años al que propagare una enfermedad contagiosa y peligrosa”.
Respecto al accionar judicial, sostienen que “llama la atención que la Fiscalía no haya siquiera pedido su detención ante el Juzgado de Garantías, sino que directamente lo liberó luego de recibirle la declaración, sin siquiera disponer un estudio y tratamiento psiquiátrico que determine si resulta un sujeto peligroso para sí o para terceros. Tampoco las victimas del establecimiento recibieron ninguna medida de protección judicial, tal como una prohibición de acercamiento o de contacto, que los ampare ante la posibilidad de que el agresor se acerque nuevamente al lugar, temiendo que pueda concretar sus amenazas de volver a agredir al personal”.
En este sentido, cuestionaron las formas en las que se manejó la situación, que deja a las víctimas en un estado de desprotección, sin contención ni asistencia.
“Los agredidos debieron ser tratados en forma urgente con medidas de profilaxis por las aseguradoras de riesgos de trabajo de sus empleadoras, y deberán someterse a controles médicos periódicos por el lapso de un año para descartar toda posibilidad de haber sido contagiados con el virus”, concluyeron.
