Hablar de repoblar el delta implica una visión más profunda que el arrojo de un puñado de dinero de partidas presupuestarias para obras estériles en el territorio. La necesidad, conlleva indudablemente a profundizar un trabajo de vinculación de políticas públicas que acompañen, impulsen y estimulen el crecimiento demográfico en la región.
“Es que el obstáculo histórico que presenta el clásico dilema de qué viene primero, si el huevo o la gallina, debe ser superado. Escudándose en el corto plazo del sentido común, la falta de gente es el primer justificativo para no realizar la inversión pública pendiente en el sector. Normalizando la situación de movilidad y servicios básicos insatisfechos, estimulando el comercio de productos y servicios isleños, generando puestos de trabajo, en el mediano y largo plazo el panorama se volvería promisorio para el sector. Desde ya implica un desafío que quedará en mano de la voluntad política de nuestros representantes y de su capacidad de visión”, explica Matías Barutta.
Para los jóvenes isleños, el comienzo de clases –fallido en este 2017- adquiere un significado trascendental que tiene que ver con romper el aislamiento cotidiano. A partir de allí, Barutta plantea una serie de preguntas: ¿Cómo invertir el éxodo juvenil? ¿Cómo frenar este inevitable proceso de jóvenes que abandonan la isla por falta de posibilidades, por no querer seguir el unívoco destino de la madera? El sistema educativo expulsa a quienes no se interesan en perpetuar sus cuerpos en el negocio agropecuario. El sistema económico los reemplaza por hermanos del gran litoral, acostumbrados al trabajo duro en el monte pero que dejan a sus familias en el terruño y en la primera de cambio se vuelven, sin estimular un crecimiento demográfico sostenible en las islas, cuando la creciente mecanización que vive el sector forestal emplea cada vez menos mano de obra. Las aulas comienzan a vaciarse y se sucede el cierre de grados primero, y de escuelas como corolario. Algunos jóvenes que tienen otras posibilidades e inquietudes marchan a la ciudad para estudiar, muchas veces incondicionalmente acompañados por sus familias, como soportes para afrontar este nuevo desafío”.
En Zárate, las instituciones educativas de Isla Botija sufrieron el año pasado el cese de clases luego de las vacaciones de invierno, debido a la imposibilidad de circulación de la lancha por el arroyo Botija. Estos escenarios que traslucen un problema sostenido de falta de atención y, principalmente, de interés por el bienestar de la población, no solo presentan un derecho vulnerado que tiene que ver con la posibilidad de crecimiento en el sector, sino que, en el caso del Delta campanense, desde hace años quedó limitado el acceso a los jóvenes de continente para que puedan acceder a una escuela agraria en isla.
“A la fecha, si bien no se limita la matrícula, el Estado no cubre ni parcialmente los costos de transporte, debiendo las familias particularmente abonar la suma de mil pesos mensuales para que cada hijo pueda acceder a una educación agraria en isla. Esta situación -con todos los matices y opiniones encontradas que puede presentar- no hace de fondo sino acrecentar el aislamiento del sector y paulatinamente estimular el penoso camino al cierre de aulas y escuelas “por falta de gente”. Entonces… ¿Qué viene primero?”, concluye Barutta.
