Ayer por la tarde el Sindicato Químico y Petroquímico local dejó, momentáneamente, en suspenso la huelga que había convocado en virtud de que el Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria.
Los representantes gremiales entraron a la reunión a las 15 horas para participar de una audiencia conciliatoria con representantes de la empresa Atanor en la sede que el ministerio de Trabajo nacional tiene sobre la calle Callao.
Antes del encuentro, representantes del sindicato ratificaron que si la firma no daba marcha atrás con los despidos, avanzarán con el plan de lucha. Sólo en la planta de Baradero se quedaron sin trabajo 80 personas que ahora buscan ser reincorporadas más otras 80 de la planta de Munro.
Atanor está controlada por el grupo estadounidense Albaugh, dedicado a la producción de sustancias químicas. La compañía es el único fabricante del país de agua oxigenada, acetato de etilo, triacetina, ácido acético y anhídrido acético. Los fitosanitarios de la empresa se utilizan para los cultivos de soja, maíz, cereales y algodón. En febrero la firma decidió cerrar sus plantas de Munro y Baradero para concentrar esfuerzos en el resto de sus fábricas ubicadas en Pilar, Córdoba y San Nicolás.
“Continuamos con un proyecto de inversiones en el país para promover sinergias que permitan seguir ofreciendo un servicio y productos de alta calidad a sus clientes, con el objetivo de fortalecer año tras año el posicionamiento de la compañía en el mercado de protección de cultivos”, informaron luego de anunciar los despidos. Incluso remarcaron que invertirán 70 millones de dólares durante los próximos cinco años. “La idea es mejorar los segmentos de herbicidas, funguicidas e insecticidas, estimando lanzar más de 5 nuevos productos por año hasta el año 2021”. En virtud de todo esto, el gremio descree del programa de inversiones y considera probable que la firma busque reconvertirse en una importadora de productos químicos.
“Con la reapertura de importaciones para la firma es más barato; algo en lo que no estamos de acuerdo, por eso creemos que debe intervenir el Estado nacional en esto, dado que se trata de una política de Estado. Hemos pedido audiencias con autoridades del ministerio de Economía y estamos a la espera de que este conflicto se solucione. Queremos que no se pierdan más fuentes de trabajo. Volvemos a decir que este conflicto se soluciona con una fuerte intervención del Estado nacional más allá del rol conciliador que hoy le toca al ministerio de Trabajo”, opinó el miembro de la Comisión Directiva del sindicato que ayer a las 21 horas se encontraba en un cuarto intermedio de la audiencia que mantuvieron en Capital Federal.
Respecto a los matices de la reunión, no dudó en caratularla de “tensa”, además de ser una audiencia larga.
“Estamos con prudencia manejando la situación y cuando tengamos una respuesta del propio ministerio, tras la audiencia, se la comunicaremos a las comisiones internas”, anunció Carrizo. “La alternativa de reubicar a los trabajadores fue citada en la audiencia pero acá hay algo que debemos decir; qué sucederá con el predio ubicado en Baradero, porque si la firma cierra sus puertas, despide a todo el personal y al cabo de un tiempo viene otra empresa a continuar con las operaciones sería una tomada de pelo. Creo que antes de despedir a los compañeros debe intervenir el Estado porque hay otras alternativas”, concluyó Carrizo.
