Inicio Actualidad Instalan cámaras de seguridad en micros de la Cooperativa “3 de Julio”

Instalan cámaras de seguridad en micros de la Cooperativa “3 de Julio”

Tal como anunciaba el presidente de la Cooperativa “3 de Julio” semanas atrás en el marco del aniversario de la institución, una de las proyecciones a futuro de la empresa, tiene que ver con la implementación de las cámaras de seguridad en las unidades.
Si bien esta medida se relaciona con las exigencias de la ley de la provincia de Buenos Aires (Ley 14.897) sancionada a comienzos de este año, desde la cooperativa habían señalado que la instalación de dispositivos de grabación de imágenes, apuntaba a mejorar el servicio de transporte y ofrecer una mejor seguridad a los pasajeros.
Por el momento, son dos las unidades que poseen el dispositivo; las imágenes son tomadas tanto desde la parte frontal como trasera del vehículo, y pueden ser monitoreadas en tiempo real. A su vez, también son almacenadas en una central, ante el requerimiento posterior del material.
Ecam Seguridad, es la empresa encargada del suministro y equitación de los dispositivos; esta acción, convierte a la cooperativa encargada del transporte público en la ciudad, en una pionera en la zona en cumplir con lo exigido por la normativa.
Según habían comentado desde la “3 de julio”, el objetivo es continuar con la incorporación de tecnología a las distintas unidades, pero también destacaron los elevados costos que asume la entidad en la adquisición de los dispositivos.
Al momento, la cooperativa tiene en la ciudad de Zárate 33 unidades en la calle, de las cuales 25 reciben un subsidio del gobierno nacional.
En el mes de febrero, la Provincia promulgó la mencionada ley mediante la cual se establece que los colectivos de pasajeros de jurisdicción provincial y municipal deberán contar con cámaras de seguridad en el interior de cada vehículo, que filmen en tiempo real y almacenen imágenes durante un cierto período.
El objetivo de la norma, es “prevenir episodios de violencia a bordo” y además deberán “servir para investigaciones judiciales o juzgamientos de causas penales”.
A su vez, determina que las empresas deberán afrontar los gastos de compra e instalación de los equipos.