En una entrevista exclusiva con LA VOZ, el intendente Osvaldo Cáffaro brindó explicaciones sobre el conflicto legal que lo tiene como acusado, junto a otros cuatro funcionarios, por la disputa de terrenos ubicados en la zona de la Costanera, y desmintió las declaraciones del dirigente de Cambiemos, Julián Guelvenzú.
Semanas atrás, Cáffaro fue citado por la Fiscal Dra. Irene Molinari, en el marco de la causa donde se encuentra acusado de “usurpador, mal desempeño de funcionario público y abuso de autoridad”. Durante las últimas horas, el Jefe Comunal y el candidato a concejal por Cambiemos, intercambiaron diferentes acusaciones en el marco de una disputa que, fundamentalmente, se está dirimiendo en el ámbito jurídico.
“Julián Guelvenzú compra un inmueble, un 50% a nombre de él, y un 50% a nombre de su hermano, Germán Guelvenzú. El condominio es él y su familia. Por un lado tengo la escritura hecha por una ley provincial a nombre de la Municipalidad, y por el otro dos boletos de compraventa uno a nombre de Julián Guelvenzú, y otro a nombre de su hermano, quienes lo compran a sus antiguos herederos a un precio vil –alrededor de 60 mil dólares cada uno- para uso particular y hacer un negocio inmobiliario”, sintetizó el Intendente. Según consta en los documentos a los que tuvo acceso LA VOZ, el terreno perteneciente al hermano de Julián Guelvenzú, luego fue vendido a uno de los principales asesores del candidato de Cambiemos y a quien se puede ver frecuentemente en el local partidario de Pinto y Justa Lima, el abogado Pablo Nocetti.
En este punto, Cáffaro advierte un conflicto de intereses: “Busca hacer negocios desde la política. Hoy hay un cambio a nivel provincial, un cambio de la Procuraduría General; en reemplazo de la Dra. Maria del Carmen Falbo, en este momento se encuentra el Dr. Julio Conte Grand, quien era el encargado de Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, es un funcionario de Cambiemos. Aprovechando eso, y el vínculo de la nueva fiscal con el gobierno de Campana y el intendente Abella, forman parte de una nueva situación, donde aprovechan la especulación inmobiliaria, para llegar a obtener este bien”.
Con el mismo tenor, Cáffaro arremetió contra Guelvenzú y declaró: “No está defendiendo un terreno para el pueblo, está defendiendo un terreno para él, que es candidato a concejal, fue candidato a intendente, y es directivo de Nucleoeléctrica Argentina S.A; es muy difícil poder conciliar estos intereses”.
Por otra parte, agregó: “A partir del cambio de gobierno y el cambio en la Justicia, no hay duda que hay una intencionalidad detrás, por eso quisiera que la Fiscal rechazara esta causa, porque hay una intencionalidad que demuestra que hay un proceso que no es transparente, porque la causa se aceleró con el cambio del Procurador General. Estuvo detenida por falta de elementos, porque no hay ninguna intención de parte del Estado Municipal, donde no estoy yo solo acusado, sino Pablo Giménez, Ariel Ríos, Aldo Morino y Mariana Conturbi. El voto popular también se ve afectado con esto, creo que de acá en más hay que sacarle presión al tema y que la Justicia defina, pero no veo un proceso transparente, que es lo que me tienen que garantizar para ir a indagatoria, y no hay objetividad en las decisiones que tomaron, porque esto se aceleró rápidamente sin elementos”.
Una de las principales y más duras acusaciones vertidas por Guelvenzú en la conferencia de prensa convocada en la mañana de ayer, tiene que ver con la presunta falsedad de la documentación presentada por el Intendente a la Escribanía General, para luego obtener la escritura del terreno. Por su parte, Cáffaro desmintió esa versión y disparó: “Eso es una falacia, inventa cosas. Quiso ser intendente en su momento, está comprando estos predios para después cambiarle la zonificación. Queremos que sea un espacio verde, público, a eso se le pueden cambiar los indicadores urbanísticos y el uso. Si él quiere tanto una plaza, que rompa el boleto compraventa, porque dice que no está litigando, pero esta litigando contra la Municipalidad, contra el Intendente y desde hace varios años contra el pueblo de Zárate”.
Por otra parte, a diferencia de las declaraciones de Guelvenzú, Cáffaro diferenció la modalidad de usucapión, que es una posesión veinteñal, de la Ley de Prescripción Administrativa. “En esta Ley hay un espíritu sobre la tierra social, la tierra improductiva y que no tuvo uso, donde el Estado, sin hacer un juicio, se pueda quedar con ella. La transformamos en un espacio público para la ciudad, no tiene que ver con Zarate Chico, que es un desarrollo privado, sobre un predio privado, que en su momento hubo un remate público, y ese espacio de por sí ya tiene un espacio público”.
Consultado sobre si asistirá a prestar declaración indagatoria, a pesar de su malestar con el devenir de la causa, Cáffaro respondió: “Lo que diga la Justicia lo vamos a hacer, no significa que estemos de acuerdo con el proceso ni que haya objetividad en lo que se defina. Acá hay una intencionalidad detrás”.
