Un alto porcentaje de los delitos cometidos bajo la modalidad de “motochorros” en Zárate tiene como protagonistas a menores de edad, que circulan en motos con el fin de cometer todo tipo de delitos “al voleo” y robarles a las víctimas sus pertenencias a punta de pistola.
En la reciente conferencia de prensa del secretario de Gobierno y responsable del área de Seguridad, Juan Manuel Arroquigaray, reconoció que la propia policía está “cansada” de detener a menores de edad que ingresan por una puerta al Ministerio Público Fiscal y salen por otra.
“La propia policía dice que detuvo cinco veces a un menor, primero por robos menores y luego, en la quinta detención, estaba armado. Por lo tanto vemos como peligrosa tal situación con los menores de edad; quienes diariamente cometen todo tipo de ilícitos con una escalada de la violencia. Y no podemos ser indiferentes a tal situación, es por ello que vamos a mantener un encuentro con la fiscalía para ver este tema que nos preocupa y que termina impactando en la seguridad de los ciudadanos”, dijo el funcionario municipal en la rueda de prensa.
Si bien Arroquigaray anticipó que no pedirán la baja de edad o cuestiones inherentes a los poderes legislativos nacionales, sí planteó la posibilidad de comentar tal situación a la fiscalía para que realice las acciones pertinentes y evitar este tipo de situaciones. Eso es lo que propondrá el Ejecutivo municipal en una próxima reunión con fiscalía que está pautada para este mes.
Cabe recordar que siempre hay proyectos para reformar el Régimen Penal Juvenil, que incluirá la baja de la edad de imputabilidad de los menores a los 15 años.
La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados por la Justicia e ir presos a una cárcel. En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, esta edad se estableció en los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados.
Sin embargo, los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Solamente son punibles (es decir, que merecen castigo) aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados o centros cerrados.
Por otro lado, están los menores de 16 años. En la legislación actual, éstos no tienen un régimen penal que regule su responsabilidad ante un delito.
Por otro lado, un estudio de Unicef asegura que la privación de la libertad para los adolescentes es una medida ineficaz y que la mayoría llega a estas situaciones porque tienen sus derechos básicos vulnerados: no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tienen casa y/o no acceden al sistema de la salud.
Más allá de las diferentes perspectivas sobre la edad de imputabilidad de los menores; el propio Ejecutivo municipal volvió a poner el foco en esta situación, explicando que muchos menores hoy están delinquiendo bajo distintas modalidades y la propia fuerza policial lo caracteriza como un problema a resolver por la fiscalía.
