La incertidumbre y la preocupación es lo que predomina en el ámbito inmobiliario tras la decisión oficial de derogar la ley que regula el mercado de los alquileres. Ocurre que, aunque comercializadores y analistas coinciden en que el marco no va más, el Gobierno sigue sin aportar detalles respecto del modelo normativo que viene y la opción de establecer un cambio vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) habría perdido peso específico ante la posibilidad de tratar el tema en el Congreso.
Mientras tanto, la reacción del nicho ha sido de una retracción violenta de la oferta, combinado con la postura de múltiples propietarios de cancelar reservas y pre-acuerdos.
De lo que sí hay certezas entre los comercializadores es que, si el Gobierno opta por trasladar el cambio de ley al Congreso, el tiempo para la consolidación de un nuevo régimen de celebración de contratos y pagos se demoraría al menos varias semanas y con ello la inquietud de inquilinos y propietarios sería aún mayor.
Mientras tanto, en el ámbito de los inquilinos se acumulan las quejas por la decisión de los propietarios de congelar o directamente anular las reservas concertadas en las últimas horas.
A nivel local prima la indignación de inquilinos que publican por las redes la necesidad de alquilar una vivienda. Desesperados, ven que no hay oferta y así todo se va sumando a una orquesta de reclamos variados contra los propietarios y las propias inmobiliarias de no mediar entre la oferta y la demanda. En un contexto en donde el valor de los alquileres se está “dolarizando” y donde hay cada vez menos contratos registrados.
“Crisis habitacional sin precedentes”
Agentes inmobiliarios locales vuelven a declarar que existe una “crisis habitacional sin precedentes” en la ciudad, dado que el mercado de alquileres está en una situación “crítica”, con una cantidad reducida de propiedades disponibles.
Tal como mencionaron, desde mediados del año 2020, cuando se comenzó a aplicar la Ley de Alquileres, la oferta de propiedades en alquileres comenzó a reducirse, con una caída estimada de 30% en la cantidad de unidades disponibles y subas en los precios para los nuevos contratos.
En tanto, los propietarios salieron a cubrirse frente a los cambios clave que introdujo la ley al mercado; uno de ellos fue la duración mínima de los contratos que pasó a ser de tres años con una sola actualización anual de los valores mensuales, de acuerdo a un índice que combina inflación y evolución de los salarios.
La ley de alquileres que recientemente se derogó, generó incertidumbre, entonces cayó la oferta y subió la demanda. Y lo poco que hay en alquiler, hoy vale más. Sin embargo, la derogación de tal ley, que fue pedida por el propio sector inmobiliario, generó aún más incertidumbre. Ya que no hay una ley similar que pueda reemplazarla en el corto plazo y que concentre el interés del oficialismo y la oposición para consensuar su rápida sanción.
A la poca oferta de alquileres que puede tener una familia, se le suma la delicada situación de soldados de la Armada, estudiantes de Prefectura y de empleados de Toyota que buscan alquilar casas o departamentos y, pese tener un cierto poder adquisitivo, la oferta no es suficiente a nivel local.
Finalmente, y lo que anticipan desde las cámaras inmobiliarias nacionales, es que estos días serán definitorios para que se generen certezas en el mercado y descomprimir la situación angustiante de muchas familias.
