La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con la firma de la totalidad de sus jueces, dictaminó dar curso a la presentación de la Fiscalía de Estado bonaerense sobre la existencia de un conflicto de poderes con la Municipalidad de Zárate. Se refiere al Decreto municipal que sanciona la ordenanza 5.069/24, que dispone la posibilidad del traspaso de los aportes de los afiliados municipales de IOMA a otras obras sociales o prepagas.
En su presentación en la medida cautelar el Fiscal señala que tanto la Ordenanza del Concejo Deliberante como el Decreto firmado por el intendente Marcelo Matzkin “se han excedido en sus facultades autonómicas y ha invadido competencias institucionales de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud, al enervar el funcionamiento del régimen médico asistencial del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y pretender valerse del sistema de salud a su arbitrio”.
Puntualmente, arguye el Fiscal de Estado la comuna se arrogó atribuciones que no le correspondían, en tanto: “a) dispuso el retiro del sistema único y solidario de reparto, con baja de su rol de patronal adherida, con detracción de fondos públicos y desafiliación masiva de todos sus empleados; b) creó un régimen de retiro “con beneficio de inventario”, captando a los aportantes activos y dejando a los pasivos, sin la debida contraprestación en respaldo; y c) le impuso al IOMA una cobertura sui generis de dichos pasivos, por fuera de las condiciones legales exigidas al efecto y sin afrontar el pago de los mayores costos implicados”.
Expresa que se trata de un “proceder arbitrario del municipio denunciado, además de atentar contra el orden institucional y la distribución de competencias, resquebraja en la práctica la estructura y funcionamiento del IOMA, afectando su financiamiento, al privar de los recursos necesarios para su sostenimiento. En virtud de ello, afirma que el Estado no puede permitir semejante atropello municipal de las facultades y atribuciones provinciales relativas al diseño y ejecución del régimen de seguridad social para todos los empleados públicos del territorio bonaerense (art. 40, Const. prov.)”.
Refiere que la situación no es novedosa ya que existe tramitando ante ese Tribunal otro expediente de San Nicolás. Siendo el caso propio de la competencia del Tribunal, el mismo dispuso conferir traslado de la presentación efectuada y de su documental al Intendente de Zárate, para que la conteste en el término de cinco días. Y además suspender, hasta tanto se dicte sentencia en este proceso, los efectos de la ordenanza 5.069/24 dictada por el Concejo Deliberante de Zárate y del decreto de promulgación 77/24 emitido por el Intendente.
Que establece la ordenanza suspendida
La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Zárate impulsada por el Ejecutivo municipal establece en primera instancia, que abarcaría a los cargos de intendente y concejales de la obra social IOMA que tienen automáticamente cuando pasan a formar parte de la planta municipal de empleados.
En segunda instancia el proyecto establecía que en un plazo de 60 días el municipio presentaría otra propuesta de cobertura médica para la totalidad de los trabajadores municipales.
La Ordenanza fue aprobada entonces por los concejales de Juntos por el Cambio y una concejal de la Libertad Avanza, siendo negativos los votos de los bloques de Unión por la Patria-PJ y el Partido Socialista, en el Concejo Deliberante de Zárate.
Declaraciones del responsable de Ioma en Lima
Tras conocerse el fallo, el titular de la Delegación Lima del Ioma, Tomás Barletta arremetió contra el accionar del intendente Matzkin: “Lo dijimos desde el principio, a 40 días de asumir usaron a los trabajadores solamente para salir de IOMA el intendente y algunos concejales cómplices. Son los que más ganan y querían dejar de aportar al sistema de salud solidario de esta obra social para tener los privilegios de la casta que tanto critican, pero hoy la Justicia les dijo que no” y remarcó: “Seguimos esperando una convocatoria al diálogo para mejorar la calidad de atención de nuestros afiliados que nunca llegó. Estamos en un contexto económico muy difícil y tenemos la obligación de pensar en todos y no sólo en los beneficios de los que más tienen”.
Según Barletta, “el municipio quiso arrogarse facultades que son de la Provincia como asegurar el régimen asistencial de los empleados públicos, por generar un amedrentamiento al financiamiento de la obra social de la Provincia y por desproteger a los trabajadores no habiendo cumplido con la presentación de otras propuestas, tal y como ocurre en otro municipio gobernado por Juntos por el Cambio como es el caso de San Nicolás” sentenció el responsable de IOMA.
