La Suprema Corte de Justicia bonaerense intimó al intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, para que en el plazo de cinco días conteste la demanda formulada por el Fiscal de Estado en la que acusó a la Municipalidad de intentar “instalar la falsa idea de una continuidad automática de la cobertura obligatoria de los empleados endosados al IOMA por fuera de los requisitos legales, creando una suerte de “aporte médico asistencial” a su cargo”.
En la resolución, el máximo tribunal de la Provincia, a pedido del Fiscal de Estado, además dejó sin efecto –hasta tanto se dicte sentencia definitiva-, la ordenanza que anulaba en la comuna de Zárate la obligatoriedad de IOMA en las y los trabajadores municipales.
Esa ordenanza había sido aprobada por el Concejo Deliberante de Zárate. También la Corte anuló el decreto de promulgación 77/24 emitido por el Intendente, que pretendía imponer la libre elección entre IOMA y una obra social nacional.
En su demanda, el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, denunció un conflicto de poderes con la Municipalidad de Zárate. Señaló que el municipio, al sancionar la ordenanza 5.069/24, “se excedió en sus facultades autonómicas e invadió competencias institucionales de la Provincia en materia de salud, al enervar el funcionamiento del régimen médico asistencial del IOMA y pretender valerse del sistema de salud a su arbitrio”.
Puntualmente, el Fiscal de Estado sostuvo que la comuna se arrogó atribuciones que no le correspondían, “en tanto dispuso el retiro del sistema único y solidario de reparto, con baja de su rol de patronal adherida, con detracción de fondos públicos y desafiliación masiva de todos sus empleados; creó un régimen de retiro “con beneficio de inventario”, captando a los aportantes activos y dejando a los pasivos, sin la debida contraprestación en respaldo; y le impuso al IOMA una cobertura sui generis de dichos pasivos, por fuera de las condiciones legales exigidas al efecto y sin afrontar el pago de los mayores costos implicados”.
En su presentación, el doctor Hernán Gómez, manifestó que el proceder arbitrario del municipio demandado, además de atentar contra el orden institucional y la distribución de competencias, “resquebraja en la práctica la estructura y funcionamiento del IOMA, afectando su financiamiento, al privarle de los recursos necesarios para su sostenimiento”. En virtud de ello, el Fiscal de Estado, afirmó que el Estado no puede permitir “semejante atropello municipal de las facultades y atribuciones provinciales relativas al diseño y ejecución del régimen de seguridad social para todos los empleados públicos del territorio bonaerense”. Y en ese sentido precisó que la situación planteada “no es novedosa”. El funcionario puso de relieve otros antecedentes. Recordó que existe tramitando ante la Corte bonaerense un conflicto de poderes suscitado con la Municipalidad de San Nicolás por un obrar semejante.
En otro tramo de su presentación, el Fiscal de Estado consignó que el conflicto ha sido “identificado y reprochado por distintos organismos constitucionales de la Provincia”, quienes –en cada una de sus intervenciones- se expidieron en contra de la facultad de los municipios de arrogarse una atribución segregativa respecto al régimen del IOMA.
La demanda fue acompañada con dictámenes y pronunciamientos emitidos por la Asesoría General de Gobierno, el Honorable Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Defensor del Pueblo a favor de IOMA. .
En particular, el Fiscal de Estado subrayó una serie de reproches al obrar del municipio de Zárate: “retiro unilateral e inconsulto del sistema solidario; imposición de un régimen selectivo para la admisión de beneficiarios; endoso de pasivos bajo la ficción de continuidad de coberturas cesadas; desentendimiento de los mayores costos de afiliaciones voluntarias; afectación de recursos de financiamiento del IOMA con riesgo a la salud; peligro de generalización de esa conducta con el consiguiente colapso del sistema”.
El doctor Hernán Gómez resaltó que la autonomía comunal en modo alguno puede valer por sobre el régimen uniforme de la seguridad social establecido bajo la administración de la Provincia.
“Al no existir en el ámbito local otra entidad pública asistencial que no sea el IOMA, cualquier otra opción de destino sería violatoria de lo previsto en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 40 de la Carta provincial”, fundamentó.
En otro orden, el Fiscal de Estado recordó que la autoridad estatal responsable de velar por la cobertura médico asistencial de sus empleados es el propio municipio demanda y que mal podría pretender trasladar dicha obligación por fuera de su órbita.
El funcionario previno además sobre el eventual riesgo de generalización y contagio de ese proceder ilegítimo y arbitrario del municipio de Zárate, hacia el resto de las comunas adheridas al IOMA, “cuya detracción podría desbaratar todo el sistema”.
En la presentación ante la Corte, el Fiscal de Estado pidió que al momento de dictar sentencia se considere que la única solución plausible resulta ser “el mantenimiento indivisible del régimen provincial de coberturas obligatorias para todos los empleados municipales”, o bien, “el retiro total e incondicionado del municipio como integrante del sistema del IOMA, sin imposición de ningún plan heterodoxo que pretenda dejar a los sujetos pasivos a cargo del ente médico asistencial y sustraer a los agentes activos para que se adhieran a un sistema foráneo”.
