El aluvión comenzó con el nuevo siglo. Si los primeros inmigrantes de China continental habían llegado al país a cuentagotas durante los 80, para 2004 ya podía hablarse de una comunidad pujante. Comenzaron a instalarse en gran número en la ciudad de Buenos Aires, abrieron supermercado tras supermercado, rubro que no tardaron en saturar (llegó a haber un autoservicio chino cada dos o tres cuadras). Y fue entonces, a mediados del 2010, que la comunidad china comenzó a esparcirse por el resto del territorio nacional. Tal fue el impacto de este flujo migratorio y sus respectivos comercios que algunos gobiernos municipales optaron por ponerles límites. La Plata, por ejemplo, prohibió la instalación de un supermercado chino a menos de 600 metros del otro.
En Zárate también, en marzo del año 2004 y previendo este “boom” los concejales aprobaron una ordenanza regulando a los comercios de superficies intermedias, obligándolos a una autorización especial de parte del Ejecutivo municipal para su instalación y habilitación. Claramente que tal normativa no se hizo cumplir.
Hoy existen más de 10700 supermercados chinos en la Argentina y algunos de sus propietarios ya no trabajan en el local sino que emplean a inmigrantes de otros países, como bolivianos, peruanos y paraguayos.
En aquel momento, en nuestra ciudad, la preocupación era máxima, ya que un Centro del Comercio fuerte, proactivo y ordenado presionó para que se limite la instalación de supermercados chinos en la localidad. De hecho el propio Ejecutivo municipal sancionó la Ordenanza Municipal Nº 3.400 dictada en fecha 14/08/03, por la cual se dispuso la suspensión por el término de ciento ochenta (180) días de las habilitaciones, transferencias y/o cambios de domicilio de supermercados, hipermercados, autoservicios con dimensiones mayores a 120 metros cuadrados que se dediquen a la venta de productos alimenticios de consumo masivo. Luego sucedió lo de siempre, se creó una comisión, que nunca se conformó, no se resolvió el problema y los concejales debieron salir a sancionar una normativa apurada e imposible de aplicar para la estructura municipal en términos de control.
