El Dr. Juan Pablo Ytalia, abogado zarateño, se refirió a un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que volvió a poner en discusión un aspecto central para el ejercicio de la abogacía: el respeto por los honorarios profesionales y la obligación de fundamentar adecuadamente las decisiones judiciales que se apartan de los parámetros establecidos por la ley.
El Máximo Tribunal intervino en la causa “Puebla, Julio César c/ EN – Ministerio de Salud de la Nación – Expte. 139524691/22 y otros s/ amparo ley 16.986”, vinculada a un amparo en materia de salud, y dejó sin efecto una sentencia que había reducido de 20 a 10 UMA los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes.
La Corte consideró insuficiente la fundamentación utilizada para efectuar esa reducción y dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Para Ytalia, la trascendencia del fallo excede la discusión económica y permite reflexionar sobre el reconocimiento del trabajo profesional y el funcionamiento de la Justicia.
“Defender los honorarios profesionales significa defender el valor del trabajo, la formación y la responsabilidad de quienes ejercemos la abogacía. Detrás de cada expediente existen horas de estudio y trabajo, pero fundamentalmente existe una persona que confió en un abogado para defender sus derechos”, sostuvo.
EL RESPETO POR LA LEY Y EL TRABAJO PROFESIONAL
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento está relacionado con la aplicación de la Ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.
La Corte señaló que no se había determinado adecuadamente si el proceso era susceptible de apreciación pecuniaria. La distinción resulta relevante porque, tratándose de un amparo sin contenido patrimonial, el artículo 48 de la ley establece un mínimo de 20 UMA. Si existiera contenido económico, correspondería establecer la base regulatoria y aplicar la escala legal correspondiente.
Asimismo, el Tribunal recordó que la regulación de honorarios debe encontrarse debidamente fundada y que una referencia genérica a normas jurídicas no resulta suficiente para justificar una decisión.
Para Ytalia, ese principio posee un alcance que trasciende el caso concreto.
“Los jueces tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar las normas, pero sus decisiones deben estar fundadas. Cuando se afecta un derecho o se decide apartarse de los parámetros establecidos por una ley, el ciudadano y los profesionales involucrados tienen derecho a conocer claramente cuáles son las razones”, expresó.
UNA ABOGACÍA INDEPENDIENTE PARA DEFENDER AL CIUDADANO
Para el abogado zarateño, los honorarios tampoco pueden analizarse únicamente como una cuestión económica.
El ejercicio profesional implica formación permanente, responsabilidad y el acompañamiento de personas que muchas veces recurren a un abogado atravesando situaciones particularmente complejas.
Un conflicto laboral, familiar o patrimonial, un problema vinculado con la salud o la necesidad de cuestionar una decisión del propio Estado son algunas de las circunstancias en las que el ciudadano necesita contar con asesoramiento jurídico independiente.
Precisamente, el expediente que motivó el pronunciamiento de la Corte tuvo origen en una acción de amparo relacionada con el derecho a la salud.
“Cuando una persona llega a un abogado normalmente existe detrás un problema concreto que necesita resolver. Nuestra tarea es transformar ese problema en una defensa jurídicamente posible. Para poder cumplir esa función con independencia y responsabilidad también es necesario que el trabajo profesional sea reconocido y dignificado”, afirmó Ytalia.
En ese sentido, consideró que una abogacía independiente constituye una pieza fundamental del sistema de Justicia, especialmente cuando el ciudadano debe defender sus derechos frente a organizaciones con mayores recursos o incluso frente al propio Estado.
UNA DISCUSIÓN QUE TAMBIÉN IMPORTA EN ZÁRATE Y LIMA
Para Ytalia, este tipo de debates no deben quedar encerrados exclusivamente dentro de los tribunales o de los colegios profesionales.
En Zárate y Lima, diariamente vecinos recurren a abogados para resolver cuestiones laborales, familiares, comerciales, previsionales, patrimoniales o administrativas, entre muchas otras situaciones que afectan directamente su vida cotidiana.
Por eso, detrás de la defensa de las condiciones en las que trabajan los profesionales existe también una discusión sobre la calidad de la asistencia jurídica que puede recibir el ciudadano.
“Puede parecer que hablar de honorarios es hablar solamente de los abogados, pero existe una relación directa con el vecino. Una comunidad necesita profesionales preparados e independientes, jueces que fundamenten sus decisiones e instituciones que funcionen. Todo forma parte de un mismo sistema destinado a garantizar derechos”, señaló.
Para Ytalia, esa mirada también exige comprender que el respeto por las normas debe comenzar por las propias instituciones.
Las leyes establecen reglas y procedimientos que brindan previsibilidad. Cuando una autoridad decide apartarse de esos parámetros, debe explicar adecuadamente sus razones.
“Las instituciones generan confianza cuando existen reglas claras, decisiones fundadas y responsabilidades definidas. Esto vale para la Justicia y también para cualquier ámbito del Estado. No podemos exigirle al ciudadano que respete las normas si quienes tenemos responsabilidades profesionales o institucionales no somos los primeros en hacerlo”, sostuvo.
DIGNIFICAR LA PROFESIÓN Y FORTALECER LA JUSTICIA
El reciente pronunciamiento de la Corte vuelve así a colocar sobre la mesa la importancia de reconocer adecuadamente el trabajo de quienes ejercen la abogacía y, al mismo tiempo, de exigir que las decisiones judiciales respeten la legislación vigente y cuenten con fundamentos suficientes.
Para Ytalia, ambas cuestiones forman parte de una concepción más amplia sobre la calidad institucional y el acceso efectivo de los ciudadanos a la Justicia.
“Defender nuestros honorarios no significa defender un privilegio. Significa defender el trabajo profesional y la responsabilidad que asumimos cuando una persona pone un problema en nuestras manos. Dignificar la abogacía, fortalecer la Justicia y garantizar que cada vecino pueda defender adecuadamente sus derechos son objetivos que necesariamente deben avanzar juntos”, concluyó.
Dr. Juan Pablo Ytalia
Tomo 3 – Folio 103 – CAZC
Tomo 110 – Folio 114 – MF
Abogado – Zárate
