La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres fallos simultáneos que representan un duro revés judicial para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino. En el plano penal, el máximo tribunal frenó el intento de concentrar y unificar las investigaciones por lavado de activos y fraude en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, ordenando que los expedientes continúen su curso en la justicia porteña La Corte Suprema dejó sin efecto el planteo de competencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien pretendía absorber las causas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires El máximo tribunal determinó que dicho magistrado debe inhibirse de intervenir González Charvay reclamaba la causa que investiga una presunta administración fraudulenta y desvío de fondos iniciada por el empresario Guillermo Tofoni (dueño de World Eleven). El juez de Campana argumentaba que guardaba conexidad con otra causa de su juzgado (denominada causa “Pantano”, iniciada por Elisa Carrió) sobre presunto lavado de dinero mediante empresas pantalla y la compra de una mansión de 17 millones de dólares en Pilar atribuida al entorno de Pablo Toviggino.
Siguiendo el dictamen del Procurador General Eduardo Casal, la Corte consideró que el lavado de activos es autónomo de los delitos de fraude investigados en Buenos Aires. Además, determinó que ningún hecho penalmente relevante del fraude o de la administración de la AFA se cometió en la jurisdicción de Campana.
Las denuncias contra Tapia y la dirigencia por el supuesto desvío de aproximadamente 300 millones de dólares (generados por contratos con la firma Tourprodenter LLC y no asentados debidamente) permanecerán bajo la órbita de la justicia nacional de instrucción de la CABA, específicamente en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a cargo de Paula PetazzI Existía una disputa entre el fuero penal ordinario y el penal económico porteño por el delito de “balance falso”. La Corte definió que, al ser el balance falso el medio para ejecutar la administración fraudulenta de la entidad, corresponde que todo sea analizado en conjunto por la justicia ordinaria de Capital.
En paralelo a la disputa penal, la Corte Suprema (con firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) revocó un fallo de la Cámara Civil que favorecía a la AFA.
Con esta resolución, el máximo tribunal validó las facultades de la Inspección General de Justicia (IGJ) como órgano de control de la asociación.
De este modo, quedó anulado de forma definitiva el intento de la AFA de mudar su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires para eludir la fiscalización del organismo nacional.
