Finalmente, veedores del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) realizaron inspecciones para constatar las denuncias realizadas por los choferes y socios fundadores de la cooperativa de transportes La Unión (Línea 505) que fueron despedidos por la actual conducción de la empresa. Ayer en la noche aguardaban los resultados de los informes correspondientes.
De acuerdo a lo informado por uno de los choferes despedidos, Sergio Paredes, la predisposición y el acompañamiento de funcionarios municipales, con el intendente Osvaldo Cáffaro a la cabeza, agilizó las cosas en beneficio de los socios fundadores quienes no tienen dudas de que existe en la actual dirección de la cooperativa de trabajo una “usurpación en base a engaños y oportunismo”.
Precisamente, con el levantamiento de una carpa frente al Palacio Municipal los trabajadores pretendían llamar la atención del Ejecutivo para que colaborara como institución en la resolución del conflicto que ya había dejado como saldo a diez choferes despedidos.
“Después de la carpa, mantuvimos una reunión con el intendente, Jorge Blanco (director de Tránsito) y Alan Fortune (subsecretario de Legales) con los que, directamente, acordamos viajar al INAES”, informó Paredes, “allí presentamos toda la documentación que avala que los diez socios fundadores son los que fueron despedidos”.
En ese marco, ayer aún aguardaban los informes de los dos veedores que asistieron a la cooperativa a realizar inspecciones.
“No importa si nos tenemos que quedar hasta el lunes esperando”, dijo Paredes, “estamos contentos con la predisposición y el compromiso que han puesto los funcionarios municipales que comprendieron que la carpa era simbólica, no era en contra de nadie sino una necesidad para acelerar los trámites porque ya no teníamos tiempo para esperar que nos presten atención desde el INAES”.
“La solución es el llamado a licitación”
En varias oportunidades, el director de Tránsito y Transporte municipal, Jorge Blanco hizo mención a la necesidad de que se le dé, en el orden local, un marco regulatorio al servicio ya que el Municipio no puede cumplir con su función de contralor. Sostiene que la solución se encuentra en el llamado a licitación pero reconoce que ello implica un trasfondo social que se interpone.
“El Municipio, como Estado, no está cumpliendo con su rol de control del transporte público porque ninguna gestión ha podido darle el marco legal a todo esto: la licitación pública”, le dijo Blanco a LA VOZ, “ése sería el fin de todos los problemas para el transporte público en Zárate porque ahí se marca el piso, la frecuencia, el recorrido y la antigüedad de que tienen que tener los micros”.
Sin embargo, agregó que “nunca nadie tomó la determinación de llamar a una licitación pública porque hay un trasfondo social, hay mucha gente que depende de las dos cooperativas que funcionan en el distrito, entre ellos los choferes y sus familias”.
El funcionario, informó que para no producir un vacío importante de un servicio que mucha gente aún utiliza, aunque reconoció el mal funcionamiento del mismo en el orden local, el intendente realizó una habilitación precaria a ambas cooperativas para que puedan funcionar e ir poniendo su documentación en orden.
