Una nueva instancia administrativa está recorriendo el Sindicato de Luz y Fuerza Zárate. Ya han sido apoyados por legisladores nacionales y provinciales y por el Concejo Deliberante.
En las últimas horas, el sindicato ha confirmado que envió una nota al interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El objeto de la nota es iniciar formalmente una denuncia por discriminación gremial en los términos de la Ley Antidiscriminatoria (23.592) y otras normas de raigambre constitucional y de igual jerarquía, “por los reiterados actos discriminatorios y persecutorios hacia los trabajadores afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza Zárate que representamos, por parte de la Cooperativa de Electricidad (CEZ)”.
Luego, detalla los despidos de Christian Altamirano y Roberto Funes quienes, a pocos días de su afiliación al sindicato, fueron despedidos por el presidente del Consejo de Administración de la CEZ, José Luis Mangini. “Al momento de los despidos la empleadora argumenta de manera muy generalizada, y de idéntica forma en ambos casos, que las medidas adoptadas responden a reiteradas indisciplinas de los trabajadores, aunque no prueba sus dichos. Resulta sumamente llamativa la medida extrema adoptada por la CEZ por su falta de causa y el breve lapso de tiempo transcurrido entre las afiliaciones al Sindicato que representamos. Por esta razón los trabajadores reunidos en asamblea deciden iniciar medidas de acción directa (huelga) en los lugares de trabajo, a la vez que se inicia un Expediente administrativo ante la Delegación Zárate del Ministerio de Trabajo bonaerense a los fines de encontrar un canal de diálogo en el cual la CEZ pudiese tener la oportunidad de demostrar las causales de despido, si es que éstas existiesen. Lejos de ocurrir lo anteriormente descrito, la CEZ declina la instancia administrativa sin dar razón de dicha medida. Transcurrido un tiempo de iniciado el conflicto, y la realización de las medidas de fuerza, el presidente de la Cooperativa envía Cartas Documento para alrededor de treinta trabajadores; todos ellos afiliados a nuestro sindicato por las cuales de manera unilateral y en violación a todo procedimiento establecido en la L.C.T. y C.C.T. 36/75 aplicable, se les aplica suspensiones de tres días, sin otro motivo que el de estar realizando medidas de fuerza”, expresa el documento. Y agrega, “es decir que el único motivo del accionar del presidente de la CEZ no es otro que castigar ejemplificadoramente a los trabajadores que han decidido poner en plena vigencia sus derechos de libre agremiación. En el transcurrir de este conflicto, hemos tenido que presentar denuncia penal contra el presidente de la CEZ José Luis Mangini por amenazas, hemos iniciado Acción de Amparo Sindical, y denuncias en los medios de comunicación masiva de la zona. Aún así la Cooperativa no cesa en su actitud persecutoria, y continúa enviando Cartas Documento a los trabajadores en las que queda claro la intencionalidad acosadora de dicha institución”.
Como adjunto a este documento, el Sindicato de Luz y Fuerza local envió copia de todo lo actuado “ante las medidas discriminatorias de la CEZ, como así también el apoyo solidario de distintas instituciones que han vislumbrado el detestable objetivo de la Presidencia y Consejo de Administración del ente Cooperativo”, resume la nota.
“Niegan la realidad”, dice el Sindicato
El secretario gremial del Sindicato de Luz y Fuerza, Néstor Iparraguirre, anunció que el Ministerio de Trabajo ha confirmado una nueva fecha para celebrar otra audiencia con el fin de acercar posiciones. Será el próximo 19 de julio. “Por un lado seguimos con las medidas de fuerza porque consideramos que no estén garantizadas las condiciones laborales. A Ricardo Rossi, el trabajador golpeado dentro de la CEZ, le retiraron la cobertura médica en el momento en el que lo iban a operar. Una locura total, porque están jugando con la salud de los trabajadores. Desde que se inició todo este conflicto, que ya está llegando a instancias mayores, no se han acercado las posiciones. Ellos siguen con su postura negando la realidad, los despidos tendenciosos, la persecución sindical, el patoterismo dentro de la Cooperativa y la brutal agresión a un compañero. Hay cincuenta familias que hoy sufren todo esto pero vamos a seguir luchando”, comentó Iparraguire.
De la misma manera, advirtió, “puede haber un accidente en cualquier momento a raíz de la crisis que hoy afronta la CEZ en cuanto a su personal y a su conflicto con el Ejecutivo municipal. Por el momento, las condiciones meteorológicas ayudan pero el cóctel de viento, lluvia y frío puede ocasionar caídas de postes, de ramas afectando las líneas y hoy la CEZ no se si tiene la capacidad de respuesta para sobrellevar tal situación”, opinó el sindicalista.
Por lo pronto, el gremio no descarta seguir llevando su caso a otros organismos nacionales como INAES o la Organización Internacional del Trabajo.
Ahora la AFIP controlara consumos de servicios
Las empresas de luz, gas, agua y telefonía fija y celular deberán informar mensualmente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre sus consumos relevantes y operaciones realizadas por 1.000 pesos o más.
Así lo establece la Resolución General 3349, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
La norma indica que las empresas que presten servicio de suministro de energía eléctrica, provisión de gas, de agua y de telefonía fija y móvil “deberán suministrar mensualmente información referida al período facturado dentro del mes calendario, con independencia del período en el cual se presten los servicios”.
“La obligación de informar alcanzará sólo a las operaciones que en cada mes calendario sean iguales o superiores a la suma de 1.000 pesos o su equivalente cuando el período de facturación sea diferente al mensual”, indica la Resolución General.
También “estarán obligados a informar a todos los contribuyentes que, al cierre del período mensual informado, revistan el carácter de sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), independientemente del monto de la operación”, señala la norma, que aclara que “no corresponderá informar aquellas operaciones en las que el prestatario se encuentre designado como agente de retención”.
