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  • Escasa información oficial sobre la calidad del servicio eléctrico

    27/11/2012

    En julio de este año el Ejecutivo municipal decretó la intervención del contrato de concesión del servicio de energía eléctrica que brinda Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ). El mismo vence a finales de este mes. Sin embargo, en septiembre se conoció una resolución judicial de primera instancia en la que se hizo lugar a un pedido de amparo de la concesionaria. A cuatro meses de la decisión del Cáffaro, se desconoce el estado del proceso que buscaba, según explicó el mandatario municipal, garantizar la calidad de un servicio esencial en el distrito.
    El decreto de intervención se produjo porque desde el oficialismo acusan a la Cooperativa Eléctrica de Zárate de no brindar la información obligatoria para que estos realicen su deber de control estatal y así cumplir con las normas vigentes. Además, se dejó entrever que los delegados municipales habrían recibidos amenazas de muerte cuando quisieron presentarse ante la CEZ.
    Fue a mediados de este año que, a través del decreto N° 430/12, el Ejecutivo municipal dispuso la intervención administrativa técnica temporaria (por 120 días). El argumento de las autoridades municipales estaba basado en la falta de información de la prestataria sobre el servicio. Obligación establecida por contrato, necesaria para que el Estado comunal lleve a cabo su rol de contralor y se cumpliesen las normativas vigentes.
    La intervención contaba con una vigencia de cuatro meses pero la Justicia resolvió hacer lugar a una solicitud de la CEZ por considerar que el procedimiento no se había ajustado a derecho.
    El Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 dictó el 30 de agosto una sentencia en la que hizo lugar a la medida de amparo reclamada por la concesionaria en referencia al decreto municipal. Tras esta decisión judicial, el Ejecutivo no volvió a hacer referencia al proceso que había iniciado dos meses antes sin resultados positivos. Como poder concedente, la Municipalidad no pudo avanzar sobre la información requerida en el plazo que mantuvo vigente la intervención y no cuenta con herramientas legales que le permitan avanzar en el tema.
    El eje central del conflicto que se había originado entre concesionaria y concedente en este contexto era la calidad del producto concesionado, algo que todavía no ha podido determinarse.
    El tema sigue siendo una incógnita no solo para la opinión pública sino para el poder concedente. El Órgano de Control (OCEBA) argumentó no poder fiscalizar la calidad del servicio debido a la falta de información elevada por la CEZ. La Municipalidad tampoco bajo el mismo basamento. La Dirección de Energía provincial se mantuvo al margen incluso negando información por considerarla confidencial. Mientras tanto, la situación sigue siendo la misma que al principio.
    Los usuarios quedan en el medio de una problemática que resulta con tintes más políticos que técnicos, con cortes que se suceden por diversos motivos y electrodomésticos y, hasta cámaras de seguridad, que se queman por razones que hasta ahora nadie puede determinar.