El 14 de diciembre del año pasado, y tras cuatro años de investigación, la jueza Raquel Slotolow, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2, resolvió sobreseer a dos policías acusados de “mal desempeño de funcionarios públicos y abuso de autoridad” por la muerte de Juan Manuel Bordenave, el joven encontrado ahorcado el 7 de junio del año 2008 en un calabozo de la Comisaría Primera que no podía ser utilizado para albergar personas.
En realidad, las circunstancias nunca estuvieron claras para la familia, para los amigos e incluso para la propia justicia.
Los policías acusados eran el comisario retirado Tristán Porcheda, responsable de la Comisaria Primera de Zarate el día de la muerte de Juan Manuel y el Teniente Sebastián Esnaola, que actualmente presta servicio en la comisaría de Maquinista Savio de Escobar como oficial de servicio. Esnaola fue quien precisamente dio la orden de encerrar a Juan Manuel en un calabozo clausurado, según las declaraciones.
La jueza Slotolow resolvió sobreseer a ambos policías porque “ignoraban la diferencia entre clausura e inhabilitación de los calabozos”, según lo que consta en la copia del veredicto
Sucede que el 23 de marzo del año 2006, la Justicia Federal dictó una medida de “no innovar” sobre muchos centros de detención, entre ellos la Comisaría de Tigre; “El Tolueno”; “COT 1- Centro de Operaciones Tácticas”; Comisaría de Zárate; Prefectura de Zárate; Arsenal Naval de Zárate; Subprefectura de Tigre; Comisaría de San Isidro; Comisaría de Maschwitz; Destacamento Policial de Don Torcuato; Comisaría de San Martín y Comisaría de Villa Martelli, todos ellos de la provincia de Buenos Aires. A todas estas dependencias se les informó que dicha medida implicaba la prohibición de modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios tanto en la parte interna como externa de las construcciones edilicias que conforman los lugares citados. En el caso de las celdas, clausurarlas, para que ningún detenido sea alojado allí.
Y así sucedió con la celda de la Comisaría Primera, sin embargo a Juan Manuel Bordenave lo decidieron alojar allí. Ante el fallo de la jueza, que causó malestar e indignación en todos los presentes, la familia decidió apelar el fallo tras obtener la copia del fallo de la doctora Slotolow. Y así lo hicieron, en tiempo y forma. Ahora tres camaristas deberán rever el fallo y tomar una decisión.
Cabe aclarar que este juicio, en esta instancia, no se proponía determinar a los culpables de la muerte del joven; si se ahorcó o lo mataron. Eso se determinará en otro juicio. En este caso, el juicio por mal desempeño de funcionarios públicos lo hace el Estado hacia los funcionarios, hacia los dos policías.
Todavía la familia no habla de tiempos y plazos; aunque están confiados de obtener un resultado positivo de los camaristas que están analizando el último fallo judicial.
