El año pasado venció el plazo legal del primer periodo de concesión del servicio de energía eléctrica de Zárate. El mismo es de 25 años en total dividido en dos partes de 10 y 15 respectivamente. Para pasar a la segunda etapa es necesario que, primero, se dicte un nuevo cuadro tarifario, función a cargo del Gobierno bonaerense. Dado que todavía se encuentra en proceso de readecuación de las tarifas, no solo de Zárate sino de las prestadoras de otras localidades provinciales que se encuentran en la misma situación, se prorrogó el plazo legal del plazo vencido.
“En cuanto salga el nuevo cuadro tarifario estaríamos en condiciones de definir qué hacer, ver si renovar con la CEZ (Cooperativa Eléctrica, actual prestadora) o llamar a una nueva licitación”, señaló el jefe de Gabinete municipal, Pablo Giménez.
Sin embargo, el funcionario adelantó que “tenemos muy observada la forma en la que la CEZ gestionó el primer periodo, por lo que se abre todo un interrogante respecto a qué camino tomar”.
En ese contexto, el funcionario municipal hizo referencia al proceso judicial por el que atraviesa la relación institucional entre ambos poderes, el concedente y el concesionario del servicio.
Se unificaron dos denuncias penales en una causa que quedó a cargo del Juez Federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay. Una de las denuncias la planteó el Ejecutivo municipal y otra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En total, los delitos que se investigan por causa federal está: evasión tributaria agravada, obtención indebida de beneficios fiscales y defraudación a la administración pública nacional. En marzo de este año, la Municipalidad amplió su denuncia por “robo de energía”.
“La denuncia no es contra la institución cooperativa sino contra cuatro personas que integran su Consejo de Administración José Luis Mangini (presidente), Renato López (vicepresidente), Carlos Ripari (secretario) y Pablo Magallanes (consejero)”, aclaró el secretario municipal.
Respecto al presunto robo de energía, Giménez explicó que la denuncia está basada en documentación en la que el organismo cooperativo sostiene “pérdidas de energía”.
“Hay inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas en los tres niveles, OCEBA (Órgano de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires), CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y la Municipalidad”, argumentó el funcionario.
“Pretendemos una vida institucional sana, que se rinda lo que se tiene que rendir y que se pueda planificar el desarrollo de la ciudad en términos de infraestructura, tendido, redes y que no se condicione nada”, concluyó el jefe de Gabinete.
En otro orden, la intervención al contrato de concesión del servicio eléctrico, al que la cooperativa interpuso un recurso de amparo para suspender los efectos del mismo, continúa su curso después de que se apartara a la jueza que hizo lugar a la cautelar presentada por la CEZ. Todavía no hay sentencia firme.
