Finalmente y por unanimidad, el Concejo Deliberante de Zárate declaró ayer la “emergencia en materia de seguridad” hasta fin de año. Es en base a las protestas vecinales reactivadas tras la muerte de un repartidor de agua y soda, Carlos Montero, asesinado en un robo, hace tres semanas en Los Ceibos.
La decisión de declarar la emergencia de seguridad en Zárate fue aprobada sobre tablas y luego de una intensa jornada de debate interno en la que todos los bloques acordaron llegar a la sesión con un documento que aunara las distintas propuestas presentadas.
Tal fue la extensión de las discusiones que la asamblea parlamentaria comenzó cincuenta minutos después de la hora pautada y, una vez iniciada, se pidió un cuarto intermedio para terminar de redactar la ordenanza con todas las modificaciones consensuadas en la reunión de Labor Legislativa.
El reclamo de mayor seguridad fue tomado por los sectores opositores dentro del ámbito legislativo municipal como una crítica directa a la gestión del intendente Osvaldo Cáffaro. Por esta razón, valiéndose de la mayoría con la que cuentan en forma unificada dentro del Cuerpo Deliberativo, promovieron la declaración de emergencia. Sin embargo, finalmente terminaron reconociendo, a través de la ordenanza sancionada en la tarde de ayer, los esfuerzos y distintas inversiones realizadas por el Ejecutivo municipal en materia de seguridad, a pesar de no tener injerencia directa sobre el tema.
Por su parte, el oficialismo, que el año pasado haciendo uso de la mayoría con la que contaba, rechazó la posibilidad de declarar a Zárate en emergencia cuando Campana lo hizo por unanimidad, reconoció que la realidad es distinta y que se necesitan de nuevos mecanismos para intensificar los controles preventivos con los que, sin embargo, aseguran haber logrado importantes mejoras.
De esta manera, desde la oposición expresaron satisfacción por el apoyo del oficialismo a la iniciativa de declaratoria como un reconocimiento de la problemática delictiva que se vive actualmente en el distrito.
El oficialismo en el Concejo Deliberante (Nuevo Zárate), por su parte por haber logrado una ordenanza con contenido y no meramente declaratoria.
El contenido de la ordenanza
Además de declarar la emergencia, la ordenanza contempla otra serie de cosas vinculadas a la misma por un año. Entre ellas se ratificó el decreto de creación del Consejo Municipal de Seguridad (2008) al que se le otorga un grado más de institucionalidad. Se cambia su conformación y se lo perfila como un organismo de seguimiento de la emergencia.
Por otra parte, y uno de los puntos más relevantes, durante el plazo que dure la emergencia, los ediles autorizan al Ejecutivo a contratar o adquirir, en forma directa –sin consultar al Concejo- todos los servicios y bienes vinculados con la seguridad que considere necesario. Sin embargo, debe presentar informes en un plazo de 15 días cada vez que compre o contrate. Además, al finalizar la emergencia, deberá rendir cuentas.
Por otra parte, en el cuerpo de vistos y considerandos de la ordenanza, los ediles reconocen el “esfuerzo que se viene realizando conjuntamente entre el Municipio, la Provincia y la Nación en optimizar la seguridad”, aunque “se siguen registrando hechos de graves características”. Además, consideran que “los últimos hechos delictivos, advierten sobre la necesidad de adoptar medidas tendientes a abordar el problema de la seguridad de una manera integral”.
En ese marco sostienen que “el Municipio deben contar con herramientas que permita afrontar en forma rápida y efectiva todos los gastos que demande el despliegue de todas las fuerzas de seguridad como así la cobertura económica del accionar extra que realiza la Policía”.
No obstante, consideran que “ha sido público y notorio la mejora en la seguridad pública en el partido a partir de la llegada de las fuerzas de seguridad nacional” y que “desde el Ejecutivo se han realizado importantes inversiones en infraestructura y equipamiento en materia de seguridad pero es imperioso seguir ejecutándolas”.
