Las 30 familias que tomaron ilegalmente un predio municipal en barrio Reysol, fueron denunciadas por usurpación. No obstante, permanecen en el predio. Cinco de ellas levantaron casillas de madera y naylon. Un cerco policial impide el ingreso de más personas o materiales para edificar.
Las autoridades municipales indicaron que aguardan la resolución judicial sobre su pedido de desalojo. Mientras la Justicia resuelve la solicitud, desde la Comuna aseguraron que el dialogo se cortó el martes cuando, pese a un acuerdo firmado, volvieron a tomar las tierras. Aseguraron que sólo se retomará una vez desalojado el lugar por orden judicial.
Además, piden que se investigue quién o quiénes están detrás de las personas que desde la semana pasada se asentaron en ese predio ubicado en Santa Fe y Pavón.
Las autoridades comunales junto a personal policial se presentaron en el lugar el miércoles pasado tras observarse la demarcación del predio. Allí comenzó un lapso de negociación que creyeron resuelto el lunes de esta semana al firmar un acta compromiso. Los vecinos desalojarían el lugar y, mediante programas autogestivos, junto al Municipio iniciarían un proceso de búsqueda de terrenos donde asentarse legalmente y resolver su problema habitacional.
El martes, al violarse el acuerdo firmado, incluso por el defensor de los vecinos, Gustavo Coletes, y la mediadora del caso, Beatriz Gómez, el Municipio decidió cortar el dialogo y elevar una denuncia por usurpación y pedido de desalojo al Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de Graciela Cione.
“HAY UN CLARO NEGOCIO INMOBILIARIO”
Tanto el secretario de Gobierno, Ariel Ríos, como la secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Social, Patricia Moyano, coincidieron en reconocer a los vecinos que, aún necesitando un techo propio, recurren a los instrumentos legales para adquirirlo. Dijeron que no van a negociar y que el diálogo sólo se retomará cuando los vecinos usurpadores desistan de su actitud mediante resolución judicial.
“Defendemos a todos aquellos vecinos que se inscriben en el Registro de la Demanda y que, a pesar, de tener necesidades habitacionales, no usurpan”, dijo Moyano.
Por su parte, Ríos dijo que la situación en Reysol es “una bofetada a la gente que se levanta todos los días temprano y va a trabajar, paga sus impuestos, es solidario con su vecino, que utiliza todos los medios legales y espera para poder obtener su propiedad”.
En ese marco y tras agotar todas las instancias de dialogo, dijo que “en el fondo no es un problema de tierras, puntualmente hay una práctica de reventa de terrenos, un negocio inmobiliario, se desprende de ver que después de que nos sentamos, acordamos, ponemos fechas y, aún así, a las 24 horas se insiste con esta práctica, ya de forma violenta”.
El funcionario insistió, “hay un claro negocio inmobiliario de algunas personas que intentan, bajo el escudo de la falta de propiedad, la usurpación”.
No descartan vinculaciones políticas
Aunque es la primera vez que el Ejecutivo municipal no menciona públicamente intereses políticos detrás de la toma de tierras, quizás por no tratarse de un periodo electoral, existen algunos puntos de relevancia y declaraciones que no pasan por alto.
En el oficialismo no descartan que la toma del predio de propiedad municipal de barrio Reysol esté fogoneada por grupos con intereses particulares. Existe un manto de sospechas que va desde supuestos intereses inmobiliarios, hasta aparentes maniobras políticas. Incluso, en su pedido a la Justicia, el Gobierno comunal sumó que se investigue la participación de instigadores a la usurpación de las tierras.
El predio, ubicado en Santa Fe y Pavón, fue adquirido por la Municipalidad en 2013 a través de una donación “con cargo” realizada por la firma Arq. Patricio S.A. el 18 de noviembre.
Este tipo de donaciones imponen contraprestaciones por parte de quien la recibe, por ejemplo cuando alguien dona dinero pero exigiendo que con él o parte de él se construya una escuela. En este caso, la donación de Arq. Patricio S. A. a la Municipalidad fue formulada a cambio del otorgamiento de un cambio de uso de suelo en una parte del terreno, además de destinar el resto del predio donado a Reserva de Equipamiento Comunitario e Industrial.
Todo ello fue tratado en el Concejo Deliberante, quien el 5 de diciembre del año pasado, dentro de sus facultades, aceptó la donación propuesta, ratificó el convenio en tal sentido y aceptó los cargos impuestos por el donante.
“Generalmente estos expedientes, de lotes que pasan a dominio municipal pasan por el Concejo Deliberante y, posteriormente, se da que algunos vecinos se enteran e inician una ocupación argumentando rumores de que van a ser ocupados por gente que no es de Zárate”, dijo Patricia Moyano ayer.
De esta declaración de la funcionaria municipal y algunas consideraciones fuera de micrófono de otros referentes del oficialismo local, se desprenden las relaciones que tratan de establecerse desde el Ejecutivo con intereses políticos en la toma ilegal de tierras, principalmente de figuras que están o estuvieron dentro del Cuerpo Legislativo.
