En la mañana de ayer, se llevó a cabo la 7ma Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, donde el oficialismo presentó por fuera del orden del día, un proyecto de ordenanza que establece una Ayuda Especial para el estímulo al empleo.
Desde el bloque Nuevo Zárate esperaban alcanzar los votos suficientes para lograr la aprobación del proyecto sobre tablas; pero finalmente, en el debate se resolvió que el expediente sea analizado por la comisión de Legislación e Interpretación.
El documento, establece que “desde la sanción de la Ordenanza 4563/17 de Emergencia Laboral y hasta ahora, la situación del empleo ha sufrido un deterioro real medido por indicadores y variables tanto público como privados” y que “la contracción económica y la falta de crecimiento de la actividad económica general en el país y en el distrito, está generando un proceso de recesión”.
Por otra parte, dentro de los considerandos, sostiene que “a fin de intentar morigerar la situación laboral en la que se encuentra el Partido de Zárate, es que se estima conveniente promover una Ayuda Especial para el estímulo al empleo, dirigida tanto a los beneficiarios del ‘Programa Hacemos Futuro’, como así también, a personas que actualmente, y en virtud de la situación descripta, se encuentran en situación de desempleo”.
Al respecto, en su articulado, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a destinar parte de los fondos de Rentas Generales para asumir el pago de las ayudas especiales, con el objetivo de cubrir parcialmente, “mediante el otorgamiento de una ayuda económica periódica y no reintegrable”, el estado existente de degradación de las condiciones de la seguridad alimentaria, a la vez que propone promover de herramientas para la capacitación y reinserción laboral.
Pero lo que despertó cierto ruido entre un sector de la oposición, tiene que ver con lo expresado en el Artículo Nro. 6 del proyecto, donde se establece que la ayuda alcanzará a todos los beneficiarios del ex programa “Argentina Trabaja” que hayan cumplimentado los criterios de ingreso oportunamente y “que hayan hecho contraprestación efectiva en las dependencias municipales entre el año 2012 y 2017”. En el caso de las personas que se encuentren en situación de desempleo formal, establece que las cesantías deberán serlo sin justa causa, a la vez que exige una residencia efectiva y permanente dentro del distrito, “con una antigüedad en la residencia no menor a 10 años anterior inmediato, desde que se produjo el desempleo”.
Al respecto, el concejal de Unidad Ciudadana, Lucas Castiglioni, expresó su posición ante el proyecto, y definió: “Este proyecto deja afuera a los SSC (Salario Social Complementario), y a su vez manifiesta reconocer a los beneficiarios que solamente brindaron contraprestación en la Municipalidad ¿Qué pasa con los beneficiarios de planes que atienden comedores o trabajan en cooperativas que no interactúan con la Municipalidad?”. En la misma sintonía, el edil planteó que “el objeto de este proyecto no es ser inclusivo, sino que busca atender el universo mas acotado y reducido posible”, y concluyó: “Otra incoherencia a mi criterio, es que a la persona desempleada le solicitan diez años de residencia, cuando la Constitución para ser candidato por un distrito te pide cinco años. Hay que sumarle que tiene un alto grado de incompatibilidad con las demás prestaciones, porque al tener un sistema bancarizado, hace un cruzamiento con los sistemas informáticos, y corren riesgo que se le terminen dando de baja prestación de los demás programas”.
