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  • Derechos de la Ley de Víctimas

    26/4/2021

    A comienzos de este año se promulgó la Ley 15.232, también conocida como Ley de Víctimas- mediante la cual se garantiza y asegura a las personas víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal, el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa.
    Esta ley no solo aporta una dimensión simbólica a la construcción de la figura de la víctima, sino que resuelve una serie de conflictos que la legislación bonaerense (hasta este año) ni siquiera contemplaba.
    Ines Casse, referente en materia de asistencia a la víctima en Zárate, formó parte de la autoría del texto de la ley y su gestión para la aprobación en la legislatura bonaerense.
    Las conversaciones que desembocaron en la Ley de Víctimas comenzaron en 2013, cuando un grupo de madres, padres y familiares de todo el territorio bonaerense se preguntaron porqué el victimario accede a una defensa automática y la víctima queda fuera de todo proceso, como si molestara. Además de Inés (madre de Juan Manuel Bordenave, víctima de la violencia institucional de la Policía Bonaerense), en ese grupo confluyeron otras historias como la de Karina Muñoz (madre de Brenda Muñoz), Walter Miralles (padre de Santiago Miralles), Gustavo Melmann (padre de Natalia Melmann), Maria Inés Daverio (madre de Matías Berardi), entre otros.
    “No estabamos nucleados en ninguna agrupación, era el reclamo que teníamos las personas y familiares que eran referentes sociales por la situación que habían vivido. Esta ley no es de nadie, no tiene firma. Es un trabajo colectivo”, cuenta Ines Casse y agrega: “Veíamos que el victimario recobraba la libertad y la familia de la víctima se lo encontraba en el supermercado o esperando el colectivo. Entonces lo que queríamos era que la víctima sea incluida en la IPP (Investigación Penal Preparatoria), que sea parte y sea notificada de cada decisión del juez o los fiscales, que tenga voz dentro de cada proceso penal”.
    En el artículo 20, la Ley señala que el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, “establecerán por convenio las pautas para acceder al patrocinio y demás estipulaciones referidas al cobro de los honorarios regulados”; es decir, que además de su derecho a estar informada y ser asistida, la víctima podrá contar con un patrocinio legal gratuito para enfrentar el proceso, pero además también se podrá presentar como particular damnificado y acceder al expediente, aún sin contar con un abogado que la represente.
    Al respecto, Inés puntualiza en este derecho adquirido que abre la puerta a la necesidad de generar dispositivos de acceso a la información, ya que las víctimas suelen enfrentarse al desconocimiento de lo que es una IPP, cual es el camino de una denuncia, donde denunciar, como se debe seguir el proceso, que hacer, cual es la función de la policía, entre otros interrogantes.
    Socializar el dolor
    Desde hace varias décadas se volvió frecuente la manifestación en la vía pública de víctimas y familiares de víctimas de algún tipo de hecho delictivo. Se trata de una práctica que busca interpelar a las autoridades y generar un hecho político y social que amplifique el reclamo, en este caso, en pedido de Justicia. Pero también, advierte Inés, la protesta reviste otra expresión, singular y humanista.
    “Mi teoría es que cuando uno tiene un problema, va a la casa de sus viejos o con la persona de mayor autoridad en su familia, o a sus referentes. Cuando la gente marcha, es porque el dolor es tan grande que hay que socializarlo, hay que mostrarlo, es parte del proceso de sanación. Los funcionarios deben atender a las familias, porque le van a pedir ayuda, no es en contra de ellos. Cuando no los atendés, se los desprecia como persona y ahí entra la marcha con más bronca”, explica.
    Aunque luego de un hecho trágico la reparación completa sobre las víctimas sea imposible, hay gestos, acciones que aportan en ese camino y uno de ellos fue el proyecto que Inés presentó para que el Pasaje Chaco (donde fue abandonada Rocío Juárez en estado agonizante) pase a llamarse Las Mariposas. En esta línea, también agrega que resulta indispensable que el abordaje se complemente con una asistencia psicológica que ayude a las víctimas y familiares a llevar adelante un proceso de sanación. Sobre todo, porque los senderos que presenta la Justicia son, muchas veces, tortuosos y extensos y no se agotan con la detención de un acusado, ni con su juzgamiento.
    “Cuando hay una tragedia en una familia, también se destapan cosas viejas que estaban sin resolver. Es necesario que haya una contención, por eso hace falta trabajar en un buen convenio con el Colegio de Psicólogos, para que sea realmente integral el abordaje. Una víctima necesita realmente entender qué pasó, porqué pasó y que viene después. La vida continúa, porque hay otros hijos, por uno mismo. Y si yo no estoy bien y no sano esta gran perdida en mi vida, puedo transmitirle malos valores, odios, cosas negativas a nuestros hijos”, concluye.

    Claudia Monzón (mamá de Jorge Monzón), Victoria Cristado (madre de Rocío Juarez) y Gustavo Melmann (papá de Natalia Melmann).
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