Por los avances en el plan de vacunación y el descenso sostenido de casos de coronavirus desde hace 13 semanas, a partir del próximo miércoles 1º de setiembre, los empleados públicos a sus puestos, a lo que se suma la mayor presencialidad en las escuelas de todo el país y el anuncio de la prueba piloto del retorno, aunque aún acotado, de los espectadores a los partidos de fútbol.
Desde el miércoles, unos 200 mil empleados estatales serán convocados a retomar el trabajo presencial, en las distintas reparticiones ministeriales y de organismos descentralizados de la administración pública, de los cuales un 60 por ciento estaban realizando trabajo remoto, número que ya había descendido al 40 por ciento para fines de agosto, de acuerdo con datos oficiales.
Según la resolución 91/2021 de la Jefatura de Gabinete, podrán ser citados quienes hayan recibido una dosis de cualquiera de las vacunas, desde 14 días después de recibirla, independientemente de la edad y la condición de riesgo, pero quedarán excluidas las embarazadas, las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos y trasplantados.
“Se trata de una presencialidad programada, que arranca el 1 de septiembre, y que implica cumplir con protocolos establecidos de seguridad y de cuidado, con una relación de metros cuadrados por persona, con armado de burbujas en muchos sitios en donde la dotación nunca va a estar a pleno”, explicó días atrás la secretaria de Gestión y Empleo Público de la jefatura de Gabinete, Ana Castellani.
El sector público nacional en su conjunto tiene unos 900.000 empleados, que incluye a las fuerzas armadas y de seguridad, aunque ese personal siempre estuvo en la presencialidad.
La concurrencia y el trabajo remoto se alternará semanalmente, en función de los días que defina cada autoridad en cada repartición, y se prevé un límite, ya que las tareas a distancia no podrán ser superiores al 50% de la jornada habitual dispuesta o hasta 20 horas semanales.
En cuanto atrabajadores que no quieran vacunarse, ya que la inmunización no es obligatoria, deberán firmar una declaración jurada, y trabajarán en lugares determinados de los edificios para evitar que generen un mayor riesgo de contagio para el resto. Fuentes oficiales estiman que estos empleados alcanzan una proporción “muy menor” de la plantilla.
