En octubre vence la concesión de Caminos del Río Uruguay, la empresa de capitales argentinos que explota el corredor vial Zárate-Brazo –Largo, y se desconoce qué ocurrirá.
La compañía no tiene respuesta oficial y, entonces, iniciaron juicios contra el Estado, entre los que están uno por incumplimiento contractual, además de otro por los daños y perjuicios que provocó la parálisis regulatoria y el trato de la administración pública con la concesionaria.
Además, Caminos del Río Uruguay sin saber qué pasará con su contrato, se presentó en concurso preventivo en la Justicia comercial, ya que no puede pagar sus pasivos.
Una de las vías de circulación más importante de la Argentina y del comercio con el Mercosur, está a la deriva en una confusa situación de juicios entrecruzados.
En el último tiempo, Vialidad inició un proceso de imposición de multas y reclama 2.804 millones de pesos de compensación por obras no realizadas. En los expedientes administrativos, la empresa dice que no se hicieron por falta de cumplimiento de contrato por el Estado y que pese a eso, ejecutaron obras por 2666 millones de pesos.
Pero la degradación de la traza no se ha detenido. En mayo de 2021, Crusa presentó una nota a Vialidad en la que se informa sobre la grave situación del corredor vial y donde pidió “medidas urgentes” para mantener la seguridad de la ruta. Desde entonces, una serie de notas se presentaron para intentar poner en marcha la inversión estatal en el camino que, según las estimaciones del concesionario, debería llegar a alrededor de 68.000 millones de pesos.
Sin diálogo y ni avance, y con los días que pasan hasta la culminación del contrato, la empresa inició su arremetida judicial para intentar abrir un proceso de renegociación final. Pero nada sucedió. Quizá el destino sea la estatización como sucedió con todas las rutas nacionales y, por otro lado, un nuevo juicio millonario contra el estado nacional.
