En los últimos meses no se ha podido establecer un marco legal para que se cumpla un acuerdo justo de parte, en medio de una crisis habitacional muy importante para la ciudadanía.
Tanto las cámaras sectoriales, como empresas inmobiliarias, propietarios e inquilinos están cada vez más inquietos ante el empeoramiento de las condiciones del mercado.
El poder adquisitivo de los inquilinos es complicado por el espiral inflacionario, la retracción de la oferta es palpable con pocas propiedades en alquiler y conseguir una vivienda por menos de 50 mil pesos es una odisea.
La razón por la cual no hay ofertas de alquileres es que la frecuencia de los ajustes (los propietarios pretenden que sean trimestrales, cuatrimestrales, o semestrales como antes de la ley actual) hoy es de un año. Y los contratos antes eran de dos años, y no tres como ahora. Entonces no hay propiedades disponibles en alquiler y este año no se modificará la ley que regula estos parámetros; por lo tanto es probable que la situación se agrave a partir de julio en medio de un mercado saturado, con pocas propiedades y altos costos.
Aparte, junio es el último mes de los primeros contratos firmados bajo la “polémica” ley. Por lo tanto, a partir de julio esas unidades deberán firmar nuevos contratos. Esto implicará otra fuerte suba de los precios, lo que empeoraría aún más si los propietarios de muchos de esos inmuebles deciden no mantenerlos el alquiler tradicional.
En junio el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central trepó al 100%, el récord desde que entró en vigencia la normativa actual. Y se estima que el aumento superará el 130% en todo el país para quien deba iniciar un nuevo contrato.
Por lo tanto, la preocupación gana terreno en el sector; de ambos lados del mostrador, en el sector de los inquilinos y de los propietarios.
Lo concreto, es que la oferta de bienes se desplomó aún más ya que los propietarios no quieren publicar sus inmuebles hasta no saber bien sobre cómo se reglamentarán los contratos.
En este contexto, el colegio de martilleros pide que se declare la emergencia habitacional a nivel local, ya que a la poca oferta de alquileres que puede tener una familia, se le suma la delicada situación de soldados de la Armada, estudiantes de Prefectura y de empleados de Toyota que buscan alquilar casas o departamentos y, pese tener un cierto poder adquisitivo, la oferta no es suficiente a nivel local.
