El Juzgado de Ejecución Penal de Zárate-Campana hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión por la Memoria a favor de las personas alojadas en dos pabellones de la Unidad 21 de Campana.
A partir de una inspección realizada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo denunciaba graves condiciones materiales de detención, en lo que hace particularmente a las instalaciones eléctricas y medidas de seguridad y evacuación, todo en el marco de un régimen de aislamiento extremo. Tras la denuncia, las autoridades del Penal iniciaron algunas reformas y ahora el juez Gustavo Gabriel Pérez ordenó que continúen las medidas de acondicionamiento de estos sectores y que se haga un relevamiento íntegro del sistema eléctrico.
Al momento de la inspección, 18 personas estaban alojadas en los pabellones de Admisión y Separación de Área de Convivencia (SAC) donde pasan todo el día encerradas en celdas pequeñas y deterioradas ediliciamente, sin que existan condiciones de seguridad adecuadas.
De acuerdo a las medidas mínimas establecidas por los estándares nacionales e internacionales, las celdas individuales deben tener 6 metros cuadrados sin considerar el espacio para servicios sanitarios. Las celdas de los dos pabellones inspeccionados son de 5,5 metros cuadrados, incluyendo el área ocupada por el servicio sanitario.
Además de las pequeñas dimensiones, durante la inspección se relevó la falta de mantenimiento de las celdas: las paredes están descascaradas y con manchas de humedad, las ventanas no tienen vidrio y tampoco cuentan con buena ventilación y los sanitarios están tapados para evitar el ingreso de roedores y, cuando se realizó la inspección, hacía días que no había agua caliente porque estaba roto el termo tanque que abastecía a los pabellones. Con respecto al mobiliario se observó, además, que los colchones están rotos o reparados pero en malas condiciones.
El relevamiento de la CPM puntualizó en el inminente riesgo eléctrico: en las celdas se detectaron conexiones precarias con cables expuestos sin medidas de seguridad y ausencia de tomacorrientes y luminarias en las celdas, mientras que los tableros eléctricos de cada pabellón se encuentran en espacios comunes en pésimas condiciones, sin tapa y sin observarse tampoco que tengan conexión de puesta a tierra.
Respecto a las medidas de seguridad, las condiciones tampoco son mejores: En cuanto a la red contra incendios, observan que no posee luminarias, carteles de señalización ni salidas en caso de emergencia. Del plano del Sector de Vigilancia y Tratamiento se desprende que dentro de la unidad existen 18 salidas de emergencias y faltan 16, entre ellas la del pabellón SAC.
Por último, en cuánto al régimen de vida, el hábeas corpus también señala la preocupación por la provisión de alimentos: se entregan dos viandas por día, la primera a las 12 del mediodía, la segunda dos horas después, a las 14 horas. Esta situación, especialmente en días de mucho calor, impide la adecuada conservación de la comida que deben racionar para el resto del día.
A partir de la denuncia realizada por la CPM, las autoridades penitenciarias de la Unidad señalaron al juez que se colocaron punto y toma corriente, portalámpara y focos en las celdas y se reacondicionó el tablero de electricidad, que colocarían la cartelería sobre salidas de emergencia, que se harían trabajo de pinturas en las celdas habitadas y que en el lapso de cinco días estaría reparado y funcionando el termotanque para proveer agua caliente a los pabellones.
Tras recibir el informe, el titular del Juzgado de Ejecución de Zárate-Campana se presentó en la Unidad para constatar lo denunciado por la CPM y lo informado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Luego de visita, el juez hizo lugar parcialmente al habeas corpus y le reclamó a las autoridad de la Unidad 21 la inmediata reparación de los termotanques ubicados en ambos pabellones, la reposición de los vidrios faltantes en las ventanas de las celdas y del sector de duchas y solicitó la intervención de las Direcciones de Coordinación y Planificación e Infraestructura del SPB para que, previo diagnóstico del estado actual de la red eléctrica, “proceda a la adquisición de materiales y contratación del personal necesario para regularizar la situación, adecuando las instalaciones a las normas vigentes”.
Cabe mencionar que, previo a su fallo, el Juez Pérez dio vista al Ministerio Público Fiscal y el expediente recayó en el fiscal Gustavo Ancurio, quien desestimó lo denunciado en el habeas por considerar que era un “mero cuestionamiento al sistema carcelario en forma genérica”, y que se trata de una “problemática conocida (…) ante la crónica falta de recursos materiales suficientes”.
La opinión del fiscal convalidando las graves situaciones de detención, dan cuenta del problema penitenciario estructural.
Proyecto de construir una alcaldía en Zárate está suspendido
En el 2020, el gobierno bonaerense había anunciado un Plan de Infraestructura Penitenciaria con el que buscaba la construcción de una alcaldía para 300 personas en nuestra ciudad; proyecto que luego fue dilatándose y diluyéndose.
Se trata de un programa que ya venía anunciándose por el ex gobierno de Vidal y que nunca se pudo llevar a cabo. Es un proyecto urgente, dado que una persona detenida en Zárate debe ser llevada a Campana porque no hay predios habilitados para alojar a personas de forma transitoria. Esto genera el consumo de combustible y supone una predisposición extra para el personal de policía que hoy es acotado en cuanto al número de efectivos y la demanda que existe en materia de seguridad.
El motivo del lanzamiento de dicho plan es que la provincia exhibe la superpoblación penitenciaria más grande de su historia. Según un informe de ONU el sistema penitenciario bonaerense cuenta con 24.100 plazas y una capacidad tolerable o adaptada de hasta 31.281 plazas, y tal situación fue señalada como “inhumana” por organismos de Derechos Humanos.
En este contexto, es que se planteó la construcción de una alcaldía en Zárate como parte de un proyecto de apertura de 30 alcaldías.
El gobierno bonaerense recibiría fondos de Nación para construir tres alcaidías y una penitenciaría; y que tales obras multimillonarias se llevarán a cabo en los distritos de Mercedes, Tigre, Moreno y Tres de Febrero.
Antes que Zárate se anotaron Lanús, Morón, Hurlingham, Ezeiza, La Matanza, Quilmes y La Plata. Las mismas tendrán una superficie total de 7.000 m2 y una capacidad de 156 celdas distribuidas en tres módulos de dos niveles, con cuatro pabellones cada una.
Luego siguen, en orden de demanda, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Merlo, Lanús, San Isidro, Malvinas Argentinas, Morón, Avellaneda, José C. Paz, Pilar, Berazategui, San Miguel, Escobar, Esteban Echeverría, Presidente Perón, San Fernando, General Rodríguez y, finalmente, Zárate.
Finalmente, con el cambio de gobierno ninguna de estos alojamientos para detenidos se construirá, ni en el Conurbano ni en el área metropolitana.
Las alcaldías son edificios públicos pertenecientes a las Policías Departamentales de la provincia. Se trata, en rigor, de instituciones penales creadas con el fin de suplantar el alojamiento de detenidos en comisarías, cediendo su custodia desde la fuerza policial al Servicio Penitenciario.
La idea con estas nuevas obras que propone la provincia, las cuales avanzan a un ritmo lento; es modernizar el sistema para que haya varias celdas individuales aptas para la internación de personas en crisis, como son los casos de drogas y alcohol; una sala médica, salón de usos múltiples y un sector de oficinas para uso del Servicio Penitenciario bonaerense. Y esto debe contemplarse tanto para hombres como para mujeres que se detienen.
