El primero de abril vence el contrato de concesión estatal con la empresa Caminos del Río Uruguay por el mantenimiento de la Ruta 12 y 14.
En primer lugar, se había decidido que todo ese camino mesopotámico pasara a ser operado por Corredores Viales, una empresa estatal. Pero se decidió que a partir del primero de abril se prorrogue la concesión por seis meses más a esta firma. En ese lapso, no tan extenso para los tiempos administrativos, la administración Milei intentará llegar a una solución que integre la inversión privada.
ANTECEDENTES
Al inicio del contrato, el corredor tenía una extensión de 617 kilómetros, de los cuales 30 eran de pista doble. Con posterioridad se incorporaron al contrato 60 kilómetros más de la ruta 174 del Corredor Rosario Victoria, para llegar actualmente a una extensión de 668 kilómetros.
Desde entonces, el Estado no cumplió con el compromiso de la Renegociación Tarifaria Integral, que se debía hacer 2006, tampoco asumió su compromiso de actualizar tarifas de acuerdo a una fórmula, además de que no se pagaron algunas inversiones.
De acuerdo con los expedientes que obran en Vialidad, desde 2006 hasta ahora, la concesionaria presentó 46 pedidos de readecuación tarifaria. Ninguno fue contestado ni avanzó, todos los aumentos que se dieron fueron dispuestos discrecionalmente y por debajo de lo que implicaba el aumento de los costos.
En 2011, el Estado decidió duplicar la calzada de la ruta 14 y 117 desde Gualeguaychú hasta Paso de los Libres. Vialidad Nacional realizó una licitación internacional y adjudico los tramos a 13 consorcios de constructores. La concesionaria entregó la posesión de los terrenos donde se ejecutaría la traza. Más allá de la deficiencia de algunas obras -por caso hay un puente distribuidor al que no se puede subir por peligro de derrumbe- la situación actual explica la precariedad de la ruta: Vialidad no volvió a entregar a Caminos del Río Uruguay ningún tramo para incorporarlo al contrato. Dicho de una manera más fácil: dos manos de esa autovía son mantenidas por el privado y las otras dos aún son de Vialidad y deberían ser sostenidas por el organismo vial.
Podría decirse que ese problema de falta de actualización de los peajes es similar al que sufrieron todas las rutas nacionales que tienen barreras. La sutil diferencia es que todos los demás fueron estatizados durante la gestión de Alberto Fernández y subsidiados a través de la empresa Corredores Viales; sólo quedó en manos privadas Caminos del Río Uruguay.
Esta secuencia terminó en el concurso preventivo de la empresa Caminos del Río Uruguay. En el expediente se dio una particularidad que trae las cosas al estado actual. El 31 de octubre pasado terminaba el plazo de la concesión del corredor. Sin embargo, la actual concesionaria logró un fallo judicial en el que se le permitió la continuidad en la operación por un plazo inicial de 6 meses. Es que el Estado incumplió con el procedimiento establecido para dar por terminada la concesión. Ambas partes habían acordado que el preaviso para comunicar la reversión del contrato era de un año. Pero desde el Ministerio de Obras Públicas enviaron la nota el 29 de agosto de 2023. “Evidentemente, la nota no contempla dicho plazo”, dijo la Justicia.
Ese tiempo terminaba en abril y se pensaba tomar la traza para que la explote la empresa pública, equilibre sus cuentas y después, decida qué hacer con ese paquete de rutas. Pero tal situación deberá esperar seis meses más.
