De acuerdo a cómo la Ley Bases del Gobierno, la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA) que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II (Lima) y Embalse (Córdoba) no se podrá privatizar del todo ni parcialmente, sino que podrá vender sus acciones bajo un esquema de Participación Público Privada (PPP).
En su momento, la Ley promovida por el gobierno nacional contemplaba la posibilidad de privatizarse en un 49%, guardando el 51% de las acciones el propio Estado nacional.
Cabe señalar que se trata de empresas estratégicas, ya que operan las centrales nucleares, y es el Estado quien debe planificar su rumbo y administrarlas.
Esto genera aún más incertidumbre en el arco sindical que nuclea a los trabajadores de Luz y Fuerza porque el esquema de Participación Público Privada (PPP) no ha sido exitoso en el gobierno de Macri en cuanto a generar fondos para las construcciones de las autopistas y mejorar la red vial del país.
ESQUEMAS PPP
Según el Banco Mundial, si bien no hay una definición exacta sobre estas asociaciones, se trata de “un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos”. Además, el acuerdo regula las responsabilidades de ambas partes y la remuneración que va a recibir el privado por tomar esa responsabilidad.
Un estudio de la Fundación CECE, integrada en su mayoría por profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrega que este sistema, desarrollado a principios de los 70’s en el Reino Unido, implica en líneas generales “la prestación de manera directa de un servicio al sector público por parte de una empresa privada, mediante un contrato que incluye el diseño, la construcción y luego la operación y el mantenimiento de una infraestructura”.
Según el informe de CECE, realizado por el economista Alejandro Einstoss, “la mayor ventaja para el sector público es que las obras son financiadas por el sector privado, evitando de esta forma restricciones presupuestarias, sin generar deuda pública y aprovechando la capacidad de gestión del sector privado”. Del lado del sector privado, las ventajas, “vienen de la mano de poder participar y estructurar proyectos que estarían fuera de escala sin la participación del sector público”, donde el Estado asume ciertos riesgos o le reasegura una cantidad de ingresos.
Sin embargo, las PPP pueden presentar distintas desventajas en relación a la obra pública tradicional. Entre ellas; posibles fallas en la confección de los contratos que deriven en sobrecostos a los usuarios, errores en la elección de los proyectos y en la distribución de riesgos, los elevados costos financieros, y renegociaciones recurrentes.
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