La Justicia de Campana suspendió una resolución que había generado polémica: la llegada del bingo Ramallo del empresario y ex presidente del Club Boca Juniors, Daniel Angelici, a Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.
La jueza en lo contencioso administrativo Mónica Ayerbe hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de vecinos que se oponen al proyecto que el Concejo Deliberante de Escobar aprobó de manera exprés entre navidad y año nuevo de 2024, el cual habilitaba el emplazamiento de un salón de juegos en una zona residencial.
La resolución se aprobó tras un acuerdo entre Pro y el PJ escobarense, que lidera el intendente Ariel Sujarchuk.
La jueza Ayerbe dictaminó la incompetencia de su juzgado para resolver la cuestión de fondo y ordenó el traslado de las actuaciones a la Corte Suprema bonaerense. No obstante, avaló suspender los efectos de la ordenanza que a fin de año, en una sesión extraordinaria, autorizó un “Desarrollo Comercial, Recreativo y Sala de Bingo”.
La magistrada argumentó que la resolución del Concejo Deliberante no fue precedida por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que el proyecto implicaría una “alteración significativa de los parámetros urbanísticos vigentes” y que tampoco contaba con un plan respecto a las parcelas elegidas para su desarrollo.
Uno de los puntos en que los vecinos sustentaron su reclamo fue que al menos tres de las parcelas elegidas para la instalación del bingo no se encuentran habilitadas para usos comerciales, al estar clasificadas como Zona Residencial Exclusiva 1 (RE1).
Aunque Sujarchuk cuenta con mayoría en el HCD, la propuesta fue llevada por un concejal del Pro, Leandro Goroyesky, cercano al diputado Cristian Ritondo. El proyecto, además del bingo, incluiría el desarrollo de un hotel, un auditorio y un centro comercial, todo lo cual podría redundar en la creación de 500 nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, los vecinos salieron al cruce y promovieron la demanda contra el municipio de Escobar y el HCD, argumentando que el trámite de aprobación en el Concejo Deliberante-“inusitadamente rápido”, constituía un “claro atropello institucional y una falta de deliberación democrática”.
Y argumentaron que el Bingo se encontraba próximo a establecimientos educativos y a un centro de rehabilitación para personas con adicciones.
“La opacidad que surge respecto de las circunstancias que rodean a la aprobación urbanística de la ordenanza en cuestión, no hace más que fortalecer la evidencia de una afectación al derecho a la información pública ambiental de raigambre constitucional y convencional”, dijo la juez.
