Al contrario de todos los justiciables, que desean que en enero no se suspendan los trámites judiciales, los denunciados pidieron que la tramitación de la causa se suspendiera en enero, al compás de la feria judicial. El juez Aguinsky no hizo lugar y la Cámara ratifi có que debe seguirse investigando, aún en época de receso, al decir que ningún perjuicio puede causarse, al contrario, si continúa la investigación.
Otro conflicto que se encuentra para resolver en una instancia superior, es la cuestión de competencia que introdujo el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien solicitó para si la causa de la quinta de Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares -según peritos de la Corte Suprema- y cuya propiedad se atribuyera a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El pedido se sustanció ante el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, en donde tramita la causa. El argumento del juez federal de Campana, es que el juzgado a su cargo tiene competencia territorial en Pilar y la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y por ello solicitó formalmente la inhibitoria al Juez Marcelo Aguinsky, quien actualmente tramita la causa por lavado de activos.
La incompetencia sobre quién debe llevar adelante la investigación se inició a partir de un pedido de la defensa de Ana Conte y Luciano Pantano, madre e hijo, presuntos testaferros, quienes solicitaron que el caso cambie de juez, instantes antes de presentarse a declarar en el Juzgado del Dr. Aguinsky.
El planteo fue acogido por González Charvay, quien también tramita en su juzgado las causas del ex Ministro D Onofrio, argumentando que los bienes investigados se encuentran en Pilar, mientras que para la Justicia en lo Penal Económico, debe seguir en CABA, por cuanto consideran que el objeto de la pesquisa es el accionar de las autoridades de la AFA, cuya sede está en CABA.
La negativa de Aguinsky derivó en que el conflicto planteado deba ser resuelto por una instancia superior.
