
ATE Zárate convocó a una conferencia de prensa para denunciar un “vaciamiento” del sector nuclear argentino, con la decisión del gobierno nacional de no renovar contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA);como parte de su plan de reducción del gasto público. Desde Nación aseguran que se trata de 61 contratos que vencían el 30 de junio y que en su mayoría cumplían tareas administrativas, pero desde ATE aseguraron que se desvinculó a casi 100 trabajadores calificados. Otros medios estimaron que, entre la central de Buenos Aires y la sede de Bariloche, el número de despedidos ascendería a 170.
Desde ATE denunciaron un intento de desmantelamiento y advirtieron sobre una posible privatización del área que seguirá con los trabajadores de las centrales nucleares.A la par, volvieron a denunciar que tras las desvinculación de Mariano Saleh, un trabajador de Nucleoeléctrica Argentina que hace catorce años se desempeña en el área de Química y Procesos, continúan las persecuciones.
Saleh, en el último tiempo comenzó a representar a los trabajadores como delegado sindical y participar de marchas anti- privatizadoras de Nucleoeléctrica Argentina. A partir de allí, el trabajador comenzó a denunciar aprietes y persecuciones en contra suyo y de otros trabajadores que participaban de las manifestaciones.
Finalmente, despidieron a Saleh pero aún siguen denunciando la misma postura de la empresa que administra y mantiene las centrales nucleares.
En tanto, en la planta de Siderca Campana se vienen registrando “despidos hormigas” desde hace un año, cuando se registraron los despidos de personal propio y contratistas, con cifras que superaron los 65 trabajadores entre fin de agosto y principios de septiembre de 2025, sumado a amenazas de mayores recortes por cambios en el régimen de trabajo. Los “despidos hormigas” son cesantías de contratos o desvinculaciones de personal que se desarrollan de a 2 o 3 por mes. Que si bien no son masivas, van contabilizando a una importante masa de trabajadores que quedan sin su puesto de trabajo industrial.
La tensión en la siderurgia se trasladó a Lanús, en la planta SIAT del Grupo Techint. Allí, debió intervenir el Ministerio de Trabajo bonaerense por un conflicto generado por la decisión de la empresa del Grupo Rocca de desvincular a unos 150 trabajadores de su planta SIAT. La medida retrotrae la situación al inicio del conflicto.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó el pasado miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto y abre una instancia de negociación entre las partes y dejó en suspenso, por un plazo inicial de 15 días, los 150 despidos que la compañía del Grupo Techint tenía previsto comenzar a efectivizar desde este 1 de julio en su planta de Valentín Alsina, partido de Lanús.
También las empresas cerveceras pusieron en marcha un plan de retiros voluntarios con el objetivo de “reestructurar” su plantel de trabajadores ya que los niveles de consumo bajaron drásticamente. Lo propio ocurre con Quilmes, que planteó despidos por la caída del consumo.
Según la firma, está atravesando una situación de emergencia por la caída de las ventas. La fábrica había sido inaugurada en 2020 con una inversión de $5.000 millones y 260 trabajadores para fabricar la línea Corona. Ahora se quedarán con apenas 80 trabajadores.
Incertidumbre en Celulosa
El concurso preventivo de crisis presentado por la papelera Celulosa, que mantiene una planta en nuestra ciudad se demorará más de lo previsto y tal situación ha generado incertidumbre en el plantel de trabajadores.
La decisión de demorar la aprobación de tal acción responde a un motivo concreto; la enorme cantidad de pedidos de verificación de créditos presentados por acreedores y la complejidad que implica analizar cada uno de ellos.
Por esa razón, la sindicatura recién presentará el 30 de marzo de 2027 el informe individual que determinará qué acreencias serán admitidas dentro del proceso concursal y por qué montos.
Hasta entonces continuará el análisis de las presentaciones realizadas por bancos, proveedores, organismos públicos, trabajadores y demás acreedores que buscan ser reconocidos en el expediente.
Como paso previo, el tribunal fijó para el 10 de noviembre próximo la presentación de un informe donde la sindicatura deberá acreditar el grado de avance alcanzado en la revisión de esa documentación.
Este contexto debe ser enfrentado por Esteban Nofal, titular de CIMA Investments y quien tomó el control de Celulosa Argentina el 19 de septiembre de 2025. Aunque se trata de una decisión procesal, en el mercado es interpretada como una muestra de la dimensión que adquirió uno de los concursos preventivos más importantes que hoy enfrenta la industria argentina.
La crisis de Celulosa Argentina se produce en un momento de transformación para toda la industria papelera.
El consumo de papeles gráficos viene cayendo desde hace varios años como consecuencia de la digitalización de libros, diarios, revistas y documentación administrativa.
Al mismo tiempo, los fabricantes intentan compensar esa pérdida con productos destinados al packaging, embalajes, papeles especiales y soluciones para comercio electrónico, segmentos que muestran un mayor dinamismo.
Sin embargo, esa reconversión requiere inversiones permanentes y una estructura financiera sólida, dos condiciones que Celulosa Argentina perdió a medida que aumentaba su endeudamiento.
La combinación entre menor demanda en algunos segmentos tradicionales, elevados costos industriales y restricciones para acceder al crédito terminó deteriorando la posición financiera de una empresa que durante décadas fue una referencia del sector foresto-industrial argentino.








