Granja Tres Arroyos atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva; en ese contexto propuso a sus empleados de Pilar cobrar una parte de los salarios adeudados con pollos, el principal producto de su planta de La Lonja.
La oferta llegó días después de que la compañía solicitara formalmente ante la Justicia la apertura del concurso preventivo para todas las compañías del grupo que comanda Joaquín De Grazia, integrante de la familia fundadora.
La propuesta surgió luego de las últimas audiencias entre la empresa y los gremios, en el marco de la conciliación obligatoria que aún rige en aquella planta bonaerense. En esos encuentros, ya se habían acordado paliativos parciales, como la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para los trabajadores afectados por los despidos, sin que se resolviera de fondo la continuidad de los puestos.
A comienzos de septiembre, Granja Tres Arroyos envió cerca de 1.200 telegramas de despido distribuidos entre sus plantas bonaerenses: alrededor de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. La cifra de esta última es la más baja de las tres en términos absolutos, pero golpea a una dotación que ya venía reducida por suspensiones y parates de actividad previos, en el marco de un achique que en los últimos meses acumuló más de 1.700 desvinculaciones en todo el grupo, según reconoció la propia empresa en su presentación ante la justicia.
Esos despidos, sin embargo, quedaron en suspenso por la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dictó dos medidas de conciliación obligatoria con plazos distintos y en paralelo. La primera fue dictada el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), vence el 25 de septiembre y podría extenderse hasta el 2 de octubre. La segunda fue dictada el 10 de septiembre a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría del grupo, con vencimiento el 1° de octubre y una eventual prórroga que la llevaría hasta el 9 de octubre.
Mientras ambas conciliaciones sigan vigentes, la empresa está obligada a retrotraer las cesantías notificadas y mantener a los trabajadores en sus puestos.
Ese esquema le da a la negociación un margen de entre dos y tres semanas antes de que los 50 despidos de la planta de Pilar —el complejo conocido como Pinazo, operado por Wade— puedan volverse efectivos.
En el capítulo del expediente dedicado a explicar el derrumbe financiero, la compañía rechazó cualquier responsabilidad directa de su conducción y atribuyó la crisis a un “estrangulamiento del mercado interno” y a una “suba desmedida de costos”. Según el escrito, el consumo de pollo en la Argentina, que había crecido de 20 kilogramos por habitante al año en 2000 hasta un techo histórico de 47 kilogramos, alcanzó un límite biológico y de sustitución que impide seguir absorbiendo el volumen que produce el grupo, mientras la caída del poder adquisitivo restringió aún más la demanda de alimentos en general.
A ese cuadro se sumó, entre 2024 y 2026, el ingreso creciente de carne aviar desde Brasil, favorecido por la flexibilización de licencias de importación y la baja de aranceles, que fijó, según la empresa, “un techo artificial a los precios de góndola”. El brote de gripe aviar de 2023 completó el escenario: la pérdida del estatus sanitario le cerró a la compañía los mercados de China, Chile y la Unión Europea, su principal fuente de ingresos en divisas, y volcó toda la producción a un mercado interno ya saturado.
Desde 2022, el 34% del capital de Granja Tres Arroyos pertenece a la estadounidense Tyson Foods. En medio de la crisis actual circularon versiones sobre una posible compra del paquete accionario completo por parte de la compañía norteamericana, aunque hasta el momento no hubo precisiones oficiales al respecto.
En tanto, la firma tiene dos plantas en Zárate, la principal sobre Ruta 9 y acceso al Parque Industrial cuenta con líneas de incubación que fueron reducidas a la mitad ante la caída del consumo. Los trabajadores de Zárate esperan definiciones este mes luego de la intervención del ministerio de Trabajo.
