Los trabajadores enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volvieron ayer a retomar la huelga y marcharon a la Casa de Gobierno provincial para exigir a las autoridades una suba salarial del 35 por ciento.
El gremio aseguró que rechaza la suba del 22 por ciento que el Gobierno les otorgó por decreto la semana pasada buscando cerrar la negociación.
Según explicó Hugo Blasco, secretario general de la AJB, ayer, funcionarios del Ejecutivo provincial se comunicaron con el dirigente para comenzar a pautar una reunión que por el momento no tiene fecha. No obstante, hoy a la mañana se realizará una nueva asamblea con retiro de los lugares de trabajo, en caso de que el cónclave con el Gobierno no esté definido para ese momento, y, para el viernes, se llamó a “ocupar los edificios de los tribunales de forma pacífica y con permanencia”, como otro modo de protesta.
Por su parte, los profesionales de la Salud de los hospitales públicos bonaerenses realizan hoy la última jornada del paro de 72 horas, mientras analizan la nueva oferta salarial de la Provincial que consiste en un aumento del 26,03 % al básico, un incremento de una bonificación fija remunerativa que pasaría de 128 a 258 pesos y un incremento de la bonificación remunerativa por escalafón en un 50%.
La Cicop responderá la nueva oferta el próximo lunes, en un nuevo encuentro con los funcionarios. Pero mientras tanto, continuará con la medida de fuerza iniciada ayer.
LA PROVINCIA PIDIO “MESURA”
A su vez, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, dijo que el conflicto gremial que paraliza la atención en los hospitales públicos “se ha exacerbado en exceso” y exhortó a los gremios a “manejarlo con más mesura y prudencia”.
“Tratándose de un servicio esencial como es la salud de la población, creo que había que manejarlo con más mesura y prudencia”, señaló.
Respecto de los avances en la negociación con el sector, el funcionario precisó que desde el gobierno “hemos reformulado la oferta inicial y los médicos dijeron que en principio la rechazaban, no obstante lo cual la van a someter a un plebiscito de sus afiliados y todos los trabajadores”.
El ministro admitió que “reconozco la legitimidad de los reclamos salariales de todos los trabajadores y también del derecho que les asiste de adoptar medidas de acción directa” pero pidió mesura tratándose de la salud pública.
En ese contexto, el titular de la cartera laboral repudió los bloqueos a los tribunales y sostuvo que también en este caso “hay que manejarse con prudencia y mesura, el derecho de protestar no puede vulnerar el derecho del resto de la población, si un ciudadano o un profesional desea entrar en Tribunales no hay derecho a impedírselo físicamente”.
